Prisión Provincial de Las Palmas: La prisión de La Isleta dispondrá de 400 plazas
Canarias7.es - 05/11/2005.
Javier Darriba -Las Palmas de Gran Canaria.
La prisión de La Isleta dispondrá de 400 plazas si fructifica la intención de Interior de ubicar un recinto penitenciario aprovechando la antigua cárcel militar. Ésta dispone de 200 plazas pero la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios quiere duplicarlas.
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), la entidad encargada de buscar los terrenos y adjudicar la construcción de las prisiones en España, aseguró ayer que todas las actuaciones que tiene previsto emprender en La Isleta para ubicar una cárcel en la zona militar «se harán con respeto a la normativa urbanística municipal y autonómica».
Las fuentes consultadas por este periódico desmintieron que se fuera a construir una macrocárcel en la zona: «Usaremos exclusivamente el actual recinto militar, lo que ya está, como centro penitenciario; no se toca nada del entorno».
El número de plazas de la prisión militar es de 200 «aunque estamos abiertos, y así se le ha planteado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a negociar una ampliación para alcanzar un número máximo de entre 300 y 400 plazas».
costes. La SIEP también quiso aclarar ayer la cuestión de la inversión, que ronda los 33 millones de euros. «Eso incluye un sobrecoste sobre el precio que se da en la Península con lo que en realidad se trata de 24 millones de euros», indicaron desde la sociedad estatal, «de los que una parte importante se destinarán a la compra del edificio a Defensa». El resto del dinero se empleará en «la reforma y en la solución de algunos problemas, así como en habilitar pequeños módulos residenciales».
La SIEP aclaró que aunque pueda parecer mucho dinero, los 33 millones de euros son pocos si se tiene en cuenta los 122 millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para construir un centro tipo de 1.008 plazas.
La prisión de La Isleta dispondrá de 400 plazas si fructifica la intención de Interior de ubicar un recinto penitenciario aprovechando la antigua cárcel militar. Ésta dispone de 200 plazas pero la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios quiere duplicarlas.
«No se hará nada sin el ayuntamiento»
La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) aseguró ayer que «en La Isleta no se hará nada sin el acuerdo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria». Estas declaraciones pueden ser claves en el desarrollo futuro del proyecto de cárcel para La Isleta ya que de confirmarse, dejan la decisión última en manos del Consistorio capitalino. El grupo municipal de gobierno, tanto a través de la alcaldesa Pepa Luzardo como del concejal de Gestión urbanística, Felipe Afonso, han manifestado su rechazo rotundo a que la cárcel vaya en el paraje natural protegido. Desde la SIEP se insistió en que el diálogo con el Consistorio capitalino no está cerrado y que las puertas de la negociación siguen abiertas. En opinión de las fuentes consultadas por este periódico en el Ministerio del Interior, la puesta en marcha de la prisión de La Isleta no supone alterar el espacio protegido porque «lo que se va a hacer es dar uso a lo que ya existe como centro penitenciario». Lo que no se está haciendo es buscar una alternativa a La Isleta.
Déficit de plazas en la isla
Por cubrir. La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP) calcula que sólo en Gran Canaria hay necesidad de 1.500 plazas penitenciarias.
Congestión. La cárcel de Salto del Negro tiene en la actualidad unos 1.400 internos aunque fue construida para sólo 650.
Nuevos apoyos. La confederación de asociaciones de vecinos independientes de Canarias, que preside José Andrés Santana Suárez, se sumó al rechazo a la cárcel de La Isleta que el jueves manifestaron otros colectivos vecinales del barrio. Este colectivo lamenta que el delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, no los haya recibido.
«La protección no tiene marcha atrás»
El concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Felipe Afonso, aseguró ayer que «la protección de La Isleta no tiene marcha atrás» y recordó que el entorno de la cárcel no admite edificaciones. Por eso, reclamó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que retirara la partida de los Presupuestos Generales del Estado.
«Si el PSOE se empeña en llevar la cárcel, tendremos un conflicto jurídico y un gran rechazo social», prosiguió el edil, «¿en qué se diferencia una cárcel de un hotel desde el punto de vista urbanístico? En nada, sin embargo, si alguien planteara que allí va un hotel le dirían que está loco».
El concejal aseguró que la propuesta de usar la prisión militar de La Isleta proviene de la «incapacidad» del Gobierno central para encontrar un terreno donde ubicar la segunda cárcel de Gran Canaria. «Pero eso no permite hacer burradas», aseguró, «Interior tiene la obligación de encontrar suelo y no puede hacer de su incompetencia un argumento para hacer un disparate».
Felipe Afonso El Jaber hizo también una pregunta para poner de manifiesto la importancia medioambiental de La Isleta: «¿Qué diferencia hay entre colocarla en las dunas de Maspalomas o hacerlo en La Isleta? Ninguna. Pues si no se hace en Maspalomas, en La Isleta, tampoco».
Aparte de pedir la retirada de la partida de los Presupuestos Generales del Estado, el concejal reclamó también a Instituciones Penitenciarias que viniera «a negociar una solución aquí».
El edificio sólo puede ser un centro ambiental
La prisión militar de La Isleta sólo puede ser un centro de interpretación medioambiental, según se recoge en el avance del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Isleta, explicó ayer el concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento capitalino Felipe Afonso El Jaber. El edil recordó que la Ley de Espacios Naturales de Canarias «sólo permite aquellos usos que no conlleven edificaciones y siempre con el objetivo de la restauración paisajística».
Por su parte, la portavoz de Compromiso por Las Palmas, Nardy Barrios, calificó de «disparate» la propuesta de ubicar la cárcel en La Isleta. Defendió la protección de la zona «por tener especies únicas».
Échale Mojo, colectivo federado en Ben Magec-Ecologistas en Acción, expresó también su oposición a la iniciativa. La asociación alega que La Isleta no reúne las condiciones y servicios para dicha actuación y que los vecinos llevan muchos años esperando por la recuperación de la zona militar para el uso de la ciudadanía, «pues es un paraje donde su patrimonio natural y cultural no se puede obviar».
«No es oponerse por oponerse, lo que está ocurriendo es que se trata de una ciudad con más de 3.000 ciudadanos por metro cuadrado, necesitada de espacios libres y no se puede menospreciar el potencial natural de La Isleta», asegura el coordinador del colectivo Acaymo Martín, en un comunicado remitido a este periódico.
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eli -