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El concejal de Urbanismo de Telde se enfrenta a una denuncia judicial![]() UNA EMPRESA GANÓ EL CONCURSO "CONTRA TODOS LOS PRONÓSTICOS" Posteriormente entró en vigor la Ley sobre Licencia Comercial Específica del Gobierno de Canarias en la que se establece la necesidad de obtener una licencia comercial que no era necesaria cuando se dictó la convocatoria del concurso. Este hecho motivó que el jefe de los servicios de Urbanismo del Consistorio teldense rectificase el pliego de condiciones del equipamiento en La Mareta, con la modificación de los plazos para el inicio de las obras y el pago del canon establecido, para que se llevasen a cabo una vez obtenida la mencionada licencia comercial. La empresa le propuso al Ayuntamiento que dejase en suspensión los pagos hasta que se les conceda la licencia, y durante ese tiempo prometieron entregarles un aval por el 100% de la construcción, una oferta a la que el Consistorio se negó y, según la empresa, a la que no contesta en ningún momento. El concejal de Ciuca se autodenuncia La empresa sostiene que Guillermo Reyes, una vez toma posesión de su cargo, en junio, denuncia en lo contencioso administrativo el acuerdo plenario que adjudicó, en el momento en el que él se encontraba aún en la oposición, el derecho de superficie de las parcelas municipales del Ayuntamiento del que él mismo ha sido nombrado concejal de Ordenación Territorial. Parque Comercial y de Ocio S.L. explica en su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción que Reyes se dedicó a verter numerosas declaraciones en contra de la adjudicación aunque mantuvo que el expediente de adjudicación se encuentra en la absoluta legalidad. Con esta denuncia “a sí mismo” la empresa perjudicada sostiene que le han ocasionado daños económicos por más de 20 millones de euros, sin contar con las pérdidas del Ayuntamiento, y el que las marcas comerciales que pretendían participar en el proyecto no hayan podido hacerlo.
Fuentes de la empresa denunciante aseguraron que el concejal Guillermo Reyes y su equipo de Gobierno tienen la intención de segregar 6.000 metros cuadrados del terreno que se licitó y subastarlo a más de 960 euros el metro, además de otorgarle una edificabilidad de 9.200 metros cuadrados. Si este hecho se produjese, llevándose a una comisión de gobierno, los adjudicatarios interpondrían una demanda en lo contencioso porque una tercera parte tendría derechos sobre el mismo suelo. Asimismo se pediría la paralización del concurso. La empresa considera la maniobra un plan para que el concurso se “enmarañe aún más y se declare nulo”. 10/11/2005 16:11 Comentarios » Ir a formulario |
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