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La juez imputa a la armadora del 'Prestige' y decreta un embargo por valor de 87 millones de euros

La juez imputa a la armadora del 'Prestige' y decreta un embargo por valor de 87 millones de euros VUELCO EN EL PROCESO
La juez imputa a la armadora del 'Prestige' y decreta un embargo por valor de 87 millones de euros

Esta medida preventiva podrá ser recurrida por la empresa, Universe Maritime LTD

EFE

SANTIAGO.- La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión (A Coruña), María Jesús Souto, ha decretado el embargo de bienes y cuentas de la armadora del 'Prestige', Universe Maritime LTD., a la que ha imputado como responsable civil directo de la catástrofe ecológica que ocasionó el vertido del petrolero.
Souto, que con esta decisión ha dado un vuelco al proceso judicial, exige en el auto el pago de una fianza de más de 87 millones de euros para garantizar "las posibles responsabilidades pecuniarias y que se afiancen y aseguren sus bienes allí donde se encuentren" para hacer frente a los gastos derivados del vertido.

Esta medida preventiva, que podrá ser recurrida por la empresa en la Audiencia Provincial de A Coruña, respalda la tesis que había defendido la Abogacía del Estado, que era partidaria de ir contra el entramado empresarial existente en torno al petrolero.

La juez, quien recientemente asumió la instrucción del caso que se sigue en Corcubión, considera que existen indicios de que el capitán del petrolero, el griego Apostolous Mangouras, no actuó sólo, sino que lo hizo con el respaldo de su empresa, informaron fuentes jurídicas.
Por este motivo, ha decidido imputar a la armadora, como solicitó el Ministerio Fiscal, por entender que ésta "es quien controla las incidencias durante la navegación del barco, negocia el rescate y a quien se dirigen todas las pretensiones posteriores".

El control de la situación
Para avalar la implicación de los propietarios del 'Prestige', la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión aduce "las continuas comunicaciones" entre el capitán del barco y la empresa armadora que es quien "asume en todo momento el control de los hechos".
Entre las pruebas aportadas para adoptar esta decisión, y que la Abogacía del Estado considera cruciales, destaca el vídeo tomado desde el helicóptero de la Xunta 'Pesca II' en el momento en que el 'Ría de Vigo' acudió a remolcar al petrolero.

En el auto, la juez sostiene que ha decidido adoptar las medidas cautelares ante el riesgo de que la sentencia que recaiga en el procedimiento no se pueda ejecutar o resulte ya ineficaz por el paso del tiempo en el que se tramite.

De esta forma, señala que existen motivos "más que suficientes" para determinar la mora, entre ellos el hecho de que el Estado español lleva pagadas indemnizaciones por más de 87 millones de euros.
La titular de este juzgado coruñés pide que la medida cautelar se ejecute mediante el embargo de bienes y activos financieros, cuentas corrientes, dinero en efectivo y otros muebles o inmuebles de que pudieran ser propiedad de la armadora.

Para que se haga efectiva esta solicitud, Souto autoriza a que se apliquen los instrumentos de las correspondientes comisiones rogatorias penales, a través del auxilio judicial en el ámbito de la Unión Europea, para garantizar el pago de las posibles responsabilidades.
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