TURCÓN - Ecologistas en acción

Canarias7, 6-7-2005

La política de hechos consumados que rige el urbanismo en Canarias supone una seria amenaza para el litoral del archipiélago, de la que es responsable la administración autonómica por permitir la ocupación ilegal de multitud de espacios costeros, denunció hoy Greenpeace.

Esta es una de las conclusiones que se extrae del informe Destrucción a Toda Costa 2005 presentado hoy por la organización ecologista, que pone de manifiesto la degradación del medio litoral y marino canario que ha originado la masificación urbanística, la contaminación, y las nuevas infraestructuras portuarias. Estas "agresiones" se materializan en la ocupación del litoral, la destrucción de espacios naturales y la erosión costera, informó Greenpeace en un comunicado.

Sobre la saturación urbanística, la organización afirma que "los datos del Gobierno hablan de 6.000 construcciones ilegales en el archipiélago, con Tenerife a la cabeza, para las que algunos reclaman una amnistía, que sería la segunda en las islas, poniendo de manifiesto el triunfo de la política de hechos consumados que rige el urbanismo en Canarias".

Por su magnitud, destacan los planes urbanísticos para la costa de Fuerteventura, que pasaría de las 57.000 plazas actuales a más de 100.000 concentradas en los municipios de La Oliva, donde existen 23 licencias concedidas para ejecutar planes para más de 18.000 camas, y Pájara, con 24.000 nuevas plazas turísticas. El informe también alude al modelo turístico canario, "que obtiene las peores cifras, acosado por la sobre oferta de plazas y el gran numero de plazas alegales presentes en el archipiélago".

"A pesar de los llamamientos hacia un cambio en el modelo actual, las islas con menores desarrollos urbanísticos y un mejor estado de conservación siguen el mismo camino: los planes de desarrollo turístico para islas como La Palma, que supondrán la construcción de 25.000 nuevas camas, o La Gomera, que plantean duplicar la oferta actual, trasladan el mismo modelo de las islas ya saturadas", agrega el informe. También se refiere Greenpeace a la "fiebre de los puertos deportivos en el litoral, donde las diferentes administraciones rivalizan para ser el referente en esta actividad sin preocuparse de sus graves consecuencias para la costa".

Así, destaca que en Tenerife "el Puerto de la Cruz y Garachico tiene aprobados nuevos proyectos y las obras del puerto deportivo de San Miguel de Abona está a punto de finalizar; en La Palma se ha planteado la construcción de dos nuevos puertos deportivos y en Gran Canaria se proyecta otro en Meloneras".

Greenpeace también critica en su informe que en los Puertos del Estado, el Ministerio de Fomento "no ha cumplido con su promesa de racionalización de estas infraestructuras, perpetuando una política fragmentaria que lleva a que cada Autoridad Portuaria se lance a una carreta en solitario para conseguir viabilidad financiera luchando con el resto de puertos y sin prestar atención a las consecuencias sociales, económicas y ambientales de sus actuaciones".

Como ejemplo de esta "irracionalidad", la organización cita al Puerto Industrial de Granadilla, "que a pesar de carecer de viabilidad técnica, ambiental y económica, está pendiente de la generosidad europea para su construcción", agrega el comunicado.