TURCÓN - Ecologistas en acción

Un estudio dirá el impacto del ruido del aeropuerto en Ingenio
SE REALIZARÁ MEDIANTE UN CONVENIO CON LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA
A cumplir. Tras este estudio vendrá una ordenanza que han de cumplir todos.

canarias-7.es. Adolfo Santana- Ingenio

El alcalde de Ingenio y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria firmaron el viernes un convenio para la elaboración de un estudio acústico de las afecciones del ruido producido por el Aeropuerto de Gran Canaria y la Base Aérea de Gando.

El alcalde de Ingenio y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria firmaron el viernes un convenio para la elaboración de un estudio acústico de las afecciones del ruido producido por el Aeropuerto de Gran Canaria y la Base Aérea de Gando.

El proyecto, que costará 24.696 euros, se realizará mediante la asociación laboral de la empresa Servicio Departamental Consultores Acústicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, actuando en calidad de ingeniero Leonardo Falcón Caballero, tendrá un plazo de ejecución de seis meses y se compondrá de varios bloques.
Tras el acto de la firma del convenio, el alcalde de la villa indicó que con esta investigación que encarga el Ayuntamiento «se quiere demostrar el impacto que tanto el Aeropuerto de Gran Canaria como la Base Aérea de Gando están produciendo en los habitantes del municipio de Ingenio, y forzar a las empresas responsables a cumplir con la normativa europea de control de ruidos». González Romero recordó asimismo que, a pesar de quedar demostrado este impacto, «el municipio sigue sin ser compensado por albergar estas instalaciones de interés general». Por su parte, Manuel Campos, presidente de la Fundación Universitaria, declaró que «con iniciativas de este tipo se intenta apoyar y fomentar la investigación desde la ULPGC para que esta tarea tenga efectos prácticos y positivos en la calidad de vida de los ciudadanos». Eduardo Hernández, investigador que realizará el trabajo, señaló que el proyecto consiste en realizar un mapa de ruidos mediante medidas de campo y propuesta de zonificaciones, valorando específicamente los puntos de sensibilidad acústica del municipio, analizar la afección acústica producida por los aviones militares, caracterizar los niveles sonoros del pasillo aéreo seguido por las aeronaves en sus operaciones de sobrevuelo, despegue y aterrizaje y entregar los datos para asesorar al Ayuntamiento en una ordenanza.

Ordenanza reguladora
Una vez obre en poder del grupo de gobierno de la villa el estudio que ahora encarga a los profesores Hernández y Falcón, el alcalde pretende elaborar una ordenanza reguladora donde se fijen los criterios y normas que han de cumplir tanto Aena como el Ejército del Aire, aún no desdeñanada la vinculación o no que pueda tener una ordenanza de este tipo sobre los sistemas generales, pero lo que está claro es que los munícipes ingenienses han decidido decir que ya está bien de sufrir estas afecciones y servidumbre en el suelo de su municipio.
un problema que nadie quiere afrontar

Tanto el alcalde de la villa, Domingo González, como el concejal de Medio Ambiente, Juan Ramón Landeira, fueron claros y tajantes a la hora de exponer los riesgos que están padeciendo los vecinos de la zona de costa del municipio a causa de los ruidos que genera Gando. Ambos señalaron que ya se dan casos concretos de niños, como los de Las Puntillas, que gritan más que los de otras zonas, dado que vienen de unos hogares donde cuando salen o entran las aeronaves, sólo se pueden entender a gritos, mientras los receptores de radio y televisión funcionan casi siempre a todo volumen. Las incidencias en centros escolares o centros médicos también fueron resaltadas por los dos ediles, los cuales agregaron que «este grave problema, que está constatado por estudios hechos en Madrid, Barcelona y Valencia, no quiere ser asumido por ningún organismo supramunicipal de los que están implicados en el mismo, por lo que hemos decidido tomar la iniciativa nosotros».
Igualmente, Domingo González advirtió que «esa idea que algunos de estos organismos tienen de que los vecinos que construyan nuevas viviendas en la zona han de pagar de sus bolsillos la insonorización de las mismas, pueden ir desechándolas, porque no vamos a consentir que nuestros vecinos hagan esos gastos, entre otras cosas, porque como dicen todas las normas internacionales, el que contamina debe pagar por ello, y aquí sabemos todos quiénes son los que crean el problema y quiénes son los que los están sufriendo, muchos de ellos desde hace años».