TURCÓN - Ecologistas en acción

El Gobierno canario pretende que los beneficios del negocio eólico se queden en las instituciones públicas

LA PROVINCIA /DLP
Jesús Montesdeoca

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Gobierno de Canarias pretende que los beneficios del negocio eólico recaigan en las instituciones públicas, por lo que en el nuevo concurso mantendrá el baremo que prima a los proyectos instalados en suelo de titularidad pública. No obstante, vigilará la transparencia de los cabildos, ayuntamientos y otras entidades cuando decidan ceder sus terrenos a las empresas privadas.

El portavoz del Gobierno, Miguel Becerra, explicó que la intención del concurso de las plantas eólicas es beneficiar al sector público, bien mediante la participación directa de las instituciones en la explotación de la energía o con el alquiler de sus terrenos a las empresas públicas. Esa es la línea que inspiró el concurso anulado y se mantendrá.

A su juicio, el hecho de que se primaran los terrenos públicos reducía el ámbito de actuación para que se pudieran beneficiar las instituciones públicas, y ese era precisamente un elemento para evitar una mayor especulación".

"Son actividades -resaltó Becerra- con una cierta rentabilidad garantizada, pues el sistema eléctrico está obligado a comprar toda la energía producida por los molinos de viento", señaló Becerra, quien precisó "que la mayor rentabilidad viene dada por la potencial eólica del terreno y como es un bien natural se da preponderancia a la titularidad pública".

La consejera de Industria de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Marisa Tejedor, trabaja ya en las bases del nuevo concurso eólico, aunque no tomará una decisión sobre los baremos de puntuación hasta que el Consejo Consultivo de Canarias autorice la revisión de oficio de la convocatoria.

RECLAMACIÓN. El Partido Socialista Canario (PSC) reclama a Tejedor que modifique el sistema de puntuación en el nuevo concurso porque algunas empresas privadas están en posición de ventaja, concretamente aquellas que obtuvieron concesiones administrativas de cabildos y ayuntamientos mediante la información privilegiada que supuestamente suministró el ex director general de Industria, Celso Perdomo. Las denuncias sobre esa operación dieron lugar a la investigación judicial y parlamentaria.