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TURCÓN - Ecologistas en acción

Contra la especulación urbanística: nace la polémica 'Ley del suelo'

Contra la especulación urbanística: nace la polémica 'Ley del suelo'

I. G. MARDONES

El País, 15-07-2006

El proyecto de Ley del Suelo, uno de los más emblemáticos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para intentar frenar la especulación inmobiliaria y el alza de precios de la vivienda, recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. Esta norma sustituye a la aprobada por el Gobierno del PP que permitía edificar libremente, salvo en los espacios protegidos. El nuevo proyecto remitido a las Cortes obliga a destinar el 25% de la edificabilidad a viviendas protegidas, un porcentaje criticado por el PP y los promotores inmobiliarios que lo califican de "intervencionista".

El escenario que intenta corregir la ley es una apreciación del precio del suelo urbanizable del 500% en la última década y la construcción de más de 800.000 viviendas anuales a precios a los que no pueden acceder la mayoría de los españoles.

La medida para habilitar la propiedad accesible de una vivienda figura en el artículo 10 del proyecto de ley que precisa los criterios básicos de utilización del suelo para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Dice que, además de preservar de la urbanización el suelo rural, se debe reservar para vivienda protegida, como mínimo, "el 25% de la edificabilidad prevista en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de urbanización". En una disposición transitoria puntualiza que esta reserva se aplicará a "todos los cambios de ordenación que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor de la ley". Y si transcurridos nueve meses, la legislación contempla una reserva inferior, "desde dicho momento será aplicable la reserva del 25%, salvo en municipios de menos de 10.000 habitantes".

El proyecto incide en la salvaguarda de los derechos públicos al exigir a los promotores urbanísticos que entreguen a los ayuntamientos "libre de cargas, suelo en una proporción nunca inferior al 5% ni superior al 15% para destinarlo a viales, espacios libres, zonas verdes y restantes dotaciones públicas".

Esta "donación" es uno de los aspectos más criticados por la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). Un portavoz ha declarado que la mayor parte de los Ayuntamientos no destinan a la vivienda los suelos recibidos. "Los venden en pública subasta para financiar gastos de diversa naturaleza, incluidas las fiestas del pueblo".

El mismo portavoz añade que pensar que los Ayuntamientos van a destinar ese suelo a vivienda protegida es "una peligrosa ingenuidad", porque "doblar las cesiones supone duplicar su coste por lo que las viviendas que se erijan en el polígono serán más caras irremediablemente".

Esta opinión no apareció en los debates del Consejo Económico y Social que aprobó el proyecto por 39 votos a favor, 5 en contra y una abstención el pasado 26 de junio. En un voto particular, suscrito, entre otros por el sindicalista agrario de ASAJA, Pedro Barato, argumenta que "el procedimiento expropiatorio coloca al agricultor en una situación de insostenibilidad con justiprecios muy por debajo de aplicar un método comparativo".

En el proyecto de ley se prohíben las parcelaciones de terrenos rurales, salvo los que hayan sido incluidos en una actuación contemplada en la ordenación territorial de la comunidad. Esta medida pretende romper la escalada especulativa sobre terrenos comprados a precio rústico que luego se recalifican. Para contrarrestar los efectos colaterales denunciados por APCE, el proyecto incorpora un ramillete de medidas que intentan sacar de la opacidad los procedimientos de planificación urbanística.

Todos los planes o sus modificaciones se someterán a información pública en lenguaje comprensible, como mínimo durante 20 días. Incorporarán informes de sostenibilidad ambiental, con mapa de riesgos naturales incluido, así como de las administraciones del agua (si tiene garantizado el abastecimiento) y deslinde de costas, si afecta al litoral.

El promotor estará obligado a ejecutar todas las obras de urbanización, incluidas las infraestructuras de conexión con las redes generales de servicios, y las de potabilización, suministro y depuración de aguas.

Certificado notarial

Otra de las novedades consiste en que para autorizar escrituras de obras nuevas en construcción, los notarios exigirán un certificado del arquitecto donde acredite que se ajusta al proyecto aprobado. Y lo mismo ocurrirá al finalizar la obra y su entrega a los usuarios. Sobre los terrenos adquiridos por Administraciones para viviendas de protección oficial, la ley prohíbe que se transmitan por un precio superior al valor máximo de la repercusión del suelo sobre las viviendas.

En un proyecto con las repercusiones que tiene el sector en España, las reacciones no se han hecho esperar. El PP ha anticipado que lo recurrirá al Constitucional, porque sospecha de 15 incumplimientos legales. La consejera de Política Territorial de La Rioja, Aránzazu Vallejo dijo ayer que "invade competencias autonómicas".

Por el contrario el portavoz de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), manifestó su optimismo y apoyo al proyecto "porque intenta frenar los movimientos especulativos". El portavoz de CiU, Jordi Jané, asegura que "invade competencias del nuevo Estatuto catalán"

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1 comentario

abogado -

La nueva Ley de Suelo ha entrado en vigor desde el día 1 del mes de julio. Os facilito un enlace al texto definitivo aprobado en el Congreso:

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l8-2007.html
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