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El Ministerio de Medio Ambiente recibe un total de 312 recursos al reparto nacional de cuotas

El Ministerio de Medio Ambiente recibe un total de 312 recursos al reparto nacional de cuotas Las empresas reclama una "distribución más ajustada" de las asignaciones.

Hidrocantábrico (HC) ha presentado finalmente alegaciones al Plan Nacional de Asignaciones (PNA) de derechos de emisión de CO2 para cumplir las exigencias derivadas del Protocolo de Kioto. La eléctrica asturiana reclama una "distribución más ajustada" de las asignaciones a los nuevos entrantes o nuevos agentes generadores de electricidad. El plazo de información pública se cerró ayer de tarde. Concurrieron un total de 312 alegaciones.

Fuentes de Hidrocantábrico explicaron que las alegaciones presentadas por el grupo van en dos sentidos. Por una parte, discuten la base del cálculo realizado para establecer las asignaciones y que, según HC, "es susceptible de mejoras".

Por otra, HC alega contra las asignaciones a las nuevas instalaciones de producción de electricidad, al corresponder todas a centrales de ciclo combinado, esto es, de gas, cuando "pensamos que una distribución más ajustada podría liberar derechos de emisión que podrían ser asignados al parque de carbón", manifestaron desde Cantábrico.

Las compañías eléctricas confirman sus discrepancias sobre el reparto de los derechos de emisión. Mientras unas --es el caso Unión Fenosa-- creen que beneficia a las centrales de ciclo combinado (gas), otras, como Iberdrola, consideran que ha sido "generoso" con las plantas de carbón.

Iberdrola, que ha anunciado la construcción de una central de gas en Lada, señala en sus alegaciones que el PNA impulsa la renovación del parque de generación en España, pero precisa que el reparto de derechos "ha sido generoso" con las plantas de carbón, "ya amortizadas y muy contaminantes", que, en su opinión, "saldrán beneficiadas económicamente".

Según Iberdrola, los ingresos por asignación de derechos de una planta de carbón ascienden a 44 millones de euros por gigavatio (a un precio de 10 euros por tonelada de emisiones), el doble que los correspondientes a un ciclo combinado (20 millones de euros).

Además, señala Iberdrola, las instalaciones de carbón están en su mayoría amortizadas, al contrario que los ciclos combinados.

Las empresas energéticas e industriales afectadas por el Plan Nacional de Asignación de Emisiones presentaron un total de 312 alegaciones hasta las cinco de la tarde de ayer, cuando se cerró el plazo de información pública, aunque es posible que aún lleguen más procedentes de distintos registros.

España deberá añadir el año que viene en PNA, que será aprobado por Bruselas la semana que viene, todas las instalaciones de combustión de más de 20 megavatios, según dijo ayer el responsable del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri. La CE ha decidido que aprobará el Plan siempre que esas instalaciones se incluyan.

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