TURCÓN - Ecologistas en acción

El Mundo, 3-2-2005

ANTELLA (VALENCIA).- La alcaldesa de la localidad valenciana de Antella ha promulgado un decreto por el que obliga a la Policía Local -compuesta por tres agentes- a patrullar por el pueblo en bicicleta y a no utilizar el coche para ahorrar, según ha informado fuentes de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Antella es una localidad de 1.500 habitantes situada en la comarca de La Ribera Alta, en la parte central de la provincia de Valencia.

En un comunicado de este sindicato, se critica "la situación rocambolesca e ilegal que ha cometido la alcaldesa del PP de Antella con la promulgación de un decreto por el cual, para realizar el servicio habitual en el casco urbano de la población, obliga a los tres policías locales a utilizar una bicicleta de propiedad municipal".

Según la nota, los agentes "solo podrán utilizar el todoterreno, que venían usando, para las emergencias que se produzcan y los martes para llevar las extracciones de sangre". Las emergencias, según establece el decreto municipal, deberán ser justificadas y se analizará si la urgencia "tenía tal consideración".

FSP-UGT PV denuncia en el comunicado "la ilegalidad de esta situación puesto que no respeta las condiciones de acceso a las plazas de policía local, ya que no se exige en la convocatoria saber ir en bicicleta y no se tiene en cuenta problemas de salud de los policías afectados". Se resalta también que el afán de ahorro del consistorio contrasta con el incremento de sueldo aprobado para la alcaldesa y que supone "un aumento del 50%". En el escrito se indica además que el sindicato "tiene constancia de que dos de los policías afectados superan los 50 años y uno de ellos ha sufrido una embolia cerebral y el otro un infarto". Además, el sindicato ha recordado que el pueblo de Antella "tiene un desnivel de un 15%, lo que supone estar cerca de ocho horas que dura el servicio en un perímetro de un kilómetro cuadrado con subidas y bajadas pronunciadas".

Ante esta situación, la FSP-UGT ha enviado un escrito a la alcaldesa para que retire el decreto y, si no atiende esta petición, interpondrá un recurso contencioso-administrativo por no respetar las bases de la convocatoria para acceder a dichas plazas.