TURCÓN - Ecologistas en acción

El Pleno urge al Gobierno a cambiar la Ley de Vivienda
TODOS LOS GRUPOS RECLAMAN PARA LOS VECINOS LAS CASAS DE JINÁMAR

Canarias7.es B.T.- Las Palmas de Gran Canaria

El Pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de urgencia del grupo de gobierno en la que insta al Ejecutivo regional a modificar la Ley de Vivienda con el fin de que los vecinos del Mirador del Valle de Jinámar adquieran la titularidad de sus casas sociales.

Aunque cambiar la ley no solucionará el conflicto, sí será un primer paso para desbloquearlo en opinión del grupo de gobierno, compartida por los demás. el cambio pretende acelerar el acceso de los inquilinos a la titularidad de las viviendas. Según la alcaldesa, «es la única sugerencia» que le hizo la Consejería de Vivienda hace 20 días. Luzardo indicó que el jueves urgió al presidente del Gobierno, Adán Martín, a solventar la situación administrativa. «Modificar una ley es muy fácil cuando hay consenso», expresó Luzardo quien solicitó a los grupos votar a favor de la moción para que así la semana próxima la modificación entre a trámite en el Parlamento. Los vecinos mantienen la convocatoria de concentración este lunes a las puertas de Vivienda.
El Pleno aprobó ayer por unanimidad una moción de urgencia del grupo de gobierno en la que insta al Ejecutivo regional a modificar la Ley de Vivienda con el fin de que los vecinos del Mirador del Valle de Jinámar adquieran la titularidad de sus casas sociales.

Mauricio encarga un informe sobre el Mirador

A.S.
Santa Cruz de Tenerife

De todas maneras, el titular de Economía precisó ayer que respondió a la carta que le enviaron los vecinos del Mirador con la misiva de vuelta que ha remitido ya la Dirección General de Patrimonio. Al respecto, resumió que el suelo donde se encuentran las viviendas afectadas están «fuera» del litigio que hay alrededor de las parcelas 900 y 881. Los diez vecinos que pretenden seguir habitando las casas que ocupan en régimen de alquiler al Instituto Canario de la Vivienda han pedido al director general del Patrimonio un certificado que aclare la situación legal de sus viviendas, y si mantienen la condición de suelo público. Ayer aseguraron que no han recibido aún la respuesta.