Las centrales de gas en Canarias no cuentan aún con la autorización estatal
La Provincia, 18-8-2004
Los plazos previstos por la Compañía Transportista de Gas Canarias SA (Gascan) para dar servicio exclusivo a las dos islas capitalinas están ya muy desfasados, según fuentes solventes. La construcción de las infraestructuras de plantas y gaseoductos tendría que
desarrollarse entre 2004 y 2007 en Arinaga (Gran Canaria) y entre 2005 y 2008 en Granadilla (Tenerife).
A finales de 2007, la primera de ellas debería estar aportando gas para los ciclos combinados que ya operan (con combustible líquido, por ahora) en la central térmica del barranco de Tirajana. En Tenerife está previsto para 2009 abastecer de gas natural los ciclos combinados de Granadilla. Construir una planta regasificadora exige un mínimo de tres años y para dar servicio en 2007 ya tendrían que estar en marcha las obras de Arinaga, cuyos movimientos previos ni siquiera asoman.
Aún sin contar las demoras en la ampliación de capital de Gascan (conflictiva por sí misma), dos escollos fundamentales impiden el arranque de las obras: en primer lugar, la falta de autorización administrativa, que es competencia del Ministerio de Industria. Los planes del grupo político empresarial canario que intenta liderar el proyecto se vieron condicionados por el cambio gubernamental tras las elecciones de marzo, que dejaron entre paréntesis el
acuerdo del otoño de 2003 entre Endesa, el PP y la Consejería de Economía y Hacienda de Canarias.
Exigencias
Entre otros extremos, ese acuerdo fijaba en abril de 2004 la autorización administrativa. Esa autorización sigue hoy pendiente de prolijas exigencias. El Ministerio ha pedido
informes de viabilidad técnica, económica, seguridad de las instalaciones y permanencia de seis años de los accionistas. Además, este último requisito puede retraer en gran medida la inversión canaria en un proyecto cuya rentabilidad se reduce a un cuatro a seis por ciento con las dos plantas en plena producción y tras amortizar el coste de 350 millones de euros de cada una.
Asimismo, en este punto cabe preguntarse, en primer lugar, ¿qué otras rentabilidades podrían atraer la inversión privada sobre el proyecto? En segunda instancia sería pertinente aclarar las comisiones dispensadas por proveedores, transportistas y constructores y después, a la hora de pagar la factura y amortizar el total de la inversión a desembolsar.
Los plazos previstos por la Compañía Transportista de Gas Canarias SA (Gascan) para dar servicio exclusivo a las dos islas capitalinas están ya muy desfasados, según fuentes solventes. La construcción de las infraestructuras de plantas y gaseoductos tendría que
desarrollarse entre 2004 y 2007 en Arinaga (Gran Canaria) y entre 2005 y 2008 en Granadilla (Tenerife).
A finales de 2007, la primera de ellas debería estar aportando gas para los ciclos combinados que ya operan (con combustible líquido, por ahora) en la central térmica del barranco de Tirajana. En Tenerife está previsto para 2009 abastecer de gas natural los ciclos combinados de Granadilla. Construir una planta regasificadora exige un mínimo de tres años y para dar servicio en 2007 ya tendrían que estar en marcha las obras de Arinaga, cuyos movimientos previos ni siquiera asoman.
Aún sin contar las demoras en la ampliación de capital de Gascan (conflictiva por sí misma), dos escollos fundamentales impiden el arranque de las obras: en primer lugar, la falta de autorización administrativa, que es competencia del Ministerio de Industria. Los planes del grupo político empresarial canario que intenta liderar el proyecto se vieron condicionados por el cambio gubernamental tras las elecciones de marzo, que dejaron entre paréntesis el
acuerdo del otoño de 2003 entre Endesa, el PP y la Consejería de Economía y Hacienda de Canarias.
Exigencias
Entre otros extremos, ese acuerdo fijaba en abril de 2004 la autorización administrativa. Esa autorización sigue hoy pendiente de prolijas exigencias. El Ministerio ha pedido
informes de viabilidad técnica, económica, seguridad de las instalaciones y permanencia de seis años de los accionistas. Además, este último requisito puede retraer en gran medida la inversión canaria en un proyecto cuya rentabilidad se reduce a un cuatro a seis por ciento con las dos plantas en plena producción y tras amortizar el coste de 350 millones de euros de cada una.
Asimismo, en este punto cabe preguntarse, en primer lugar, ¿qué otras rentabilidades podrían atraer la inversión privada sobre el proyecto? En segunda instancia sería pertinente aclarar las comisiones dispensadas por proveedores, transportistas y constructores y después, a la hora de pagar la factura y amortizar el total de la inversión a desembolsar.
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