Las empresas que incumplan el plan de emisiones deberán pagar hasta dos meuros
La Opinión de Tenerife, 19-8-2004
Las empresas que incumplan la ley que regulará el comercio de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, en la que se incluirá el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, deberá hacer frente a multas de hasta dos millones de euros y al cierre de sus instalaciones por un periodo de hasta dos años, para las entidades que no acaten el Plan, según señaló ayer el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Canarias, José Manuel Corrales.
Este es uno de los puntos recogidos en el borrador del proyecto de ley con el que se trasladará a la legislación española la directiva europea que regula el comercio de los derechos de emisión y que fue presentado recientemente al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones prevé estabilizar durante los próximos tres años las emisiones de dióxido de carbono, principal causante del efecto invernadero, en los niveles medios alcanzados durante el periodo 2000-2002, para comenzar con un descenso gradual de esas emisiones en 2008.
En el caso de España, este programa obliga a no superar en el año 2010 en más del 15 por ciento las emisiones de CO2 registradas en 1990, "aunque en la actualidad ya se superan esas emisiones en un 40 por ciento", señala en un comunicado el sindicato quien asegura que para cumplir con estos planes el Gobierno español "deberá acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo de Kioto y comprar derechos de emisión a terceros países".
Por lo que respecta a Canarias, el consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Luis Soria, ya informó el mes pasado de que el 40 % de las emisiones están generadas por las centrales térmicas, la refinería, las vidrieras y las cementeras, mientras que el otro 60 por ciento corresponde a otras actividades menos definidas, como el tráfico.
Las empresas que incumplan la ley que regulará el comercio de emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero, en la que se incluirá el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, deberá hacer frente a multas de hasta dos millones de euros y al cierre de sus instalaciones por un periodo de hasta dos años, para las entidades que no acaten el Plan, según señaló ayer el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de Comisiones Obreras en Canarias, José Manuel Corrales.
Este es uno de los puntos recogidos en el borrador del proyecto de ley con el que se trasladará a la legislación española la directiva europea que regula el comercio de los derechos de emisión y que fue presentado recientemente al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA).
El Plan Nacional de Asignación de Emisiones prevé estabilizar durante los próximos tres años las emisiones de dióxido de carbono, principal causante del efecto invernadero, en los niveles medios alcanzados durante el periodo 2000-2002, para comenzar con un descenso gradual de esas emisiones en 2008.
En el caso de España, este programa obliga a no superar en el año 2010 en más del 15 por ciento las emisiones de CO2 registradas en 1990, "aunque en la actualidad ya se superan esas emisiones en un 40 por ciento", señala en un comunicado el sindicato quien asegura que para cumplir con estos planes el Gobierno español "deberá acudir a los mecanismos de flexibilidad previstos en el Protocolo de Kioto y comprar derechos de emisión a terceros países".
Por lo que respecta a Canarias, el consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, Luis Soria, ya informó el mes pasado de que el 40 % de las emisiones están generadas por las centrales térmicas, la refinería, las vidrieras y las cementeras, mientras que el otro 60 por ciento corresponde a otras actividades menos definidas, como el tráfico.
0 comentarios