La UE expresa su preocupación por el elevado número de infracciones ambientales producidas en España

ABC, 23-8-2004

Vertederos incontrolados, emisiones de gases, falta de áreas protegidas y estudios de impacto ambiental poco rigurosos o inexistentes, las principales quejas. La Comisión Europea sancionó a España por el ingente número de vertidos residuales que el Estado no controla.

España ha registrado desde su ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986 un fuerte desarrollo económico, pero la protección del medio ambiente no ha avanzado en paralelo al ritmo deseable, como puso en evidencia la semana pasada el quinto informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Derecho comunitario del medio ambiente. Aunque sin llegar al estremo de Francia, el país menos serio en estas obligaciones, España acumula amonestaciones de la Comisión y sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

En cuanto a la calidad del aire, España recibió el año pasado una carta de emplazamiento de Bruselas instando a cumplir la sentencia por la no aplicación de la directiva sobre prevención de la contaminación del aire causada por tres incineradoras en La Palma. La Comisión remitió un «dictamen motivado» al Gobierno por no comunicar qué sanciones se toman contra los infractores del reglamento sobre sustancias que dañan la capa de ozono.

En lo que se refiere al agua, el Tribunal de la UE impuso en 2003 una multa por la mala calidad de las aguas de baño interiores españolas de 624.150 euros al año, multiplicada por un coeficiente en función del porcentaje de zonas de baño que no cumplen la ley. También el tratamiento de aguas residuales es insatisfactorio: el Tribunal de Luxemburgo condenó en mayo de 2003 a nuestro país por no identificar las zonas sensibles. Además, la protección de la naturaleza observa también carencias. La Comisión denunció el año pasado a España ante el Tribunal por «su incapacidad para designar un número suficiente de áreas de protección especial», según prevé la directiva sobre aves. Otra denuncia cayó por el uso de «trampas no selectivas» para zorros por el riesgo que suponen para el lince ibérico. España fue sancionada igualmente por no incorporar en el plazo previsto la directiva sobre «contenido de organismos genéticamente modificados». Tampoco había incorporado hasta finales de 2003 la directiva «Seveso II» sobre prevención de accidentes con sustancias tóxicas, pese al recuerdo de la rotura de la balsa de Aznalcóllar.

Vertederos incontrolados o ilegales

En cuanto a los residuos, la Comisión asegura haber recibido «un número considerable de quejas, peticiones y preguntas sobre vertederos incontrolados o ilegales», por lo que se dirigió al Tribunal de la UE, que sentenció en junio de 2003 en contra del Estado.

Quedan por mencionar asuntos como el impacto de las obras públicas y privadas, donde las discusiones con la Comisión son frecuentes, ya que la UE no compromete sus fondos estructurales sin antes aprobar estos expedientes. Es el caso del Plan Hidrológico Nacional, sobre el que un informe interno de la Dirección General de MedioAmbiente filtrado a la prensa emitió un primer veredicto negativo. Con el cambio de Gobierno y el cambio de Plan, el asunto está en el aire.

Las emisiones de gases de efecto invernadero son otra pesadilla para España. El Protocolo de Kioto permite a nuestro país aumentar hasta 2012 un 15 por ciento los niveles de 1990, pero ya se supera el 30. El Gobierno comunicó el pasado 6 de julio el Plan Nacional de Asignación de Derechos de Emisión, que reparte el esfuerzo entre los transportes, las centrales energéticas y las grandes industrias, pero persisten las dudas sobre su eficacia.

Por último, la erosión de las costas afecta al 11,5 por ciento del litoral nacional, con un grado «elevado» de erosión en playas de Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Baleares y Cantabria.