La instrucción del 'caso Prestige' sigue atascada dos años después del naufragio

CanariasAhora.com, 12-10-2004

La instrucción del caso Prestige continúa "atascada" por el intercambio de pruebas, tanto en lo que se refiere al proceso abierto en Estados Unidos (EEUU), como al que se sigue en el Juzgado de Corcubión, cuando se va a cumplir el segundo aniversario de la mayor catástrofe ecológica y medioambiental de la historia de Europa.

"Avanza lentamente pero con dificultades", dijo el abogado del Estado Antonio Vázquez, quien lamentó que este tipo de procesos tiendan a "perpetuarse" en el tiempo. Prueba de ello, recordó que el naufragio del Erika sigue pendiente, a pesar de que éste ocurrió dos años antes del Prestige.

El proceso judicial continúa con el intercambio de pruebas testificales y documentos cruciales entre los abogados de uno y otro bando, para intentar aclarar quienes fueron los culpables del vertido de fuel que tiñó de negro las costas del noroeste español.

En la actualidad existen dos frentes abiertos en el Juzgado de Corcubión: uno por la actuación del capitán del buque, Apostolous Mangouras, que se encuentra en libertad con cargos, y por otro por la petición de la administración española de alejar el petrolero de las costas, en la persona del ex director general de Marina Mercante José Luis López Sors.

Una de las razones que ralentiza la instrucción es el proceso burocrático necesario para la tramitación de las comisiones rogatorias, muchas de ellas solicitadas por la Abogacía del Estado, por tener carácter internacional y por considerarlas "fundamentales" para determinar quiénes fueron los culpables del vertido.

Paralelamente, sigue el proceso abierto en Nueva York, donde el Gobierno español y varias administraciones vascas interpusieron sendas demandas contra American Bureau of Shipping(ABS), la sociedad encargada de certificar el buen estado del barco para navegar, y que actualmente se están desarrollando de forma simultánea y coordinada aunque éstas no están unificadas.

El objetivo de este proceso civil, uno de los más importantes interpuestos por el Gobierno español para reclamar daños derivados de negligencias de terceros, es tratar de recuperar la millonaria factura que supuso para las arcas públicas el hundimiento del petrolero.

El Ejecutivo español mantiene una actitud firme y no va a echarse atrás ante un caso que entristeció a toda una sociedad, a pesar de que la empresa ABS no quiera asumir la responsabilidad y para ello se defienda con uñas y dientes, según la fuente.

Paradójicamente, éstos últimos interpusieron una contrademanda para defenderse de la demanda española, que veía a decir que no sólo no eran ellos los culpables, sino que fue el Estado español el responsable del siniestro y que, por tanto, debía hacer frente a cualquier sentencia en la que ellos pudieran resultar condenados.

Sin embargo, la jueza que lleva el caso en Estados Unidos dictó el pasado 4 de agosto un "memorandum" por el cual se desestimaba la contrademanda de ABS, por entender que no existe jurisdicción plena de su juzgado sobre los actos de la Administración española. Por tanto, la jueza norteamericana entiende que no está probado que se haya roto la "inmunidad de jurisdicción" por parte del Estado español como alega la defensa de la empresa ABS.

Ante esta situación, la defensa de American Bureau of Shipping ha presentado un recurso de reposición, al que el Gobierno español se ha opuesto, y recientemente se ha reforzado con un "replay memorandum para insistir en que la juez siga teniendo jurisdicción sobre la demanda contra España.

En el transcurso de este contencioso, la defensa de los intereses del Gobierno español interpuso otra "demanda ampliada", con la que pretende que el grupo y empresas vinculadas a ABS se incluyan en ésta, con el fin de evitar que entre ellas puedan eludir sus responsabilidades.

Igualmente se ha aumentado la reclamación económica inicial, que era de 700 millones de dólares a 1.000, como consecuencia de la mayor valoración de gastos y costes de la recuperación del fuel del pecio del petrolero, operación que concluyó a finales del mes de septiembre.

Además se ha introducido una cause of action, otro motivo concreto de reclamación que se centra en el genérico derecho al disfrute de un medioambiente adecuado, según explicó Vázquez Guillén, quien consideró este aspecto como "muy importante en el marco del proceso de responsabilidad civil norteamericano".