Luz verde a Granadilla
La Provincia, 13-11-2004
Francisco Pomares
El acuerdo entre el Estado y Canarias sobre el Puerto industrial de Granadilla adelantado anteayer por los medios de comunicación, fue formalmente anunciado ayer por el secretario de Estado de Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Gonzalo Aizpiri, en una monumental rueda de prensa a la que compareció acompañado de Adán Martín y toda la pesca. Ese acuerdo supone la mejor noticia posible en estos tiempos de despéndole y confusión, a la sombra aún insuperado ´efecto Vilaflor´. Falta, hay que decirlo, el definitivo visto bueno de Bruselas, determinante para el comienzo de las obras en las costas de Granadilla, pero si Madrid ha decidido desbloquear el asunto, es porque en Medio Ambiente se sabe positivamente que el informe de la UE será también favorable.
Estamos, pues, ante el desatascamiento de uno de los asuntos que más han crispado el normal desarrollo de la vida política e institucional tinerfeña desde que el Cabildo de Tenerife pidiera reconducir el proyecto de puerto planteado por la Autoridad Portuaria, hacia una instalación de menor envergadura. El acuerdo viene a dar la razón a Ricardo Melchior, porque el proyecto ahora acordado por todas las partes es -en la práctica- el defendido por el
presidente del Cabildo de Tenerife, un hombre más próximo a la sensibilidad conservacionista y ecológica que la mayoría de sus correligionarios áticos e, incluso, de sus ciudadanos. El proyecto ´acordado´ por el Estado y Canarias supone reducir en 300 metros el dique exterior y en 600 metros la terminal de contenedores de la propuesta de Puerto planteada inicialmente por las autoridades canarias. Se trata de un pacto de ´mínimo común denominador´, que permite desatascar las obras y deja para dentro de quince años -o treinta- el debate sobre posibles ampliaciones, que quizá resulten necesarias en el futuro.
Si viviéramos en un mundo razonable, el movimiento anti-puerto industrial debería sentir cierta satisfacción: su movilización ha logrado situar la obra en términos muy distintos a los inicialmente previstos. En cualquier país con menos tendencia al maximalismo, eso sería considerado un éxito. Pero en Canarias no solemos aceptar que en los grandes debates la razón es siempre y en parte algo de todos. En Tenerife la oposición al puerto industrial se ha
convertido en bandera de los grupos antisistema y contrarios a cualquier forma de desarrollo, por reducido que sea su impacto ambiental o bajo que sea su coste en términos de uso del territorio.
Es posible que el discurso "todo o nada" de esos grupos acabe arrastrando a la radicalización a los grupos del ecologismo insular que se reclaman razonables. Si así ocurre, peor para todos, pero -sobre todo- peor para ellos. Porque la responsabilidad del fracaso es siempre mayor para quien se niega a reconocer su propio éxito.
Francisco Pomares
El acuerdo entre el Estado y Canarias sobre el Puerto industrial de Granadilla adelantado anteayer por los medios de comunicación, fue formalmente anunciado ayer por el secretario de Estado de Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Gonzalo Aizpiri, en una monumental rueda de prensa a la que compareció acompañado de Adán Martín y toda la pesca. Ese acuerdo supone la mejor noticia posible en estos tiempos de despéndole y confusión, a la sombra aún insuperado ´efecto Vilaflor´. Falta, hay que decirlo, el definitivo visto bueno de Bruselas, determinante para el comienzo de las obras en las costas de Granadilla, pero si Madrid ha decidido desbloquear el asunto, es porque en Medio Ambiente se sabe positivamente que el informe de la UE será también favorable.
Estamos, pues, ante el desatascamiento de uno de los asuntos que más han crispado el normal desarrollo de la vida política e institucional tinerfeña desde que el Cabildo de Tenerife pidiera reconducir el proyecto de puerto planteado por la Autoridad Portuaria, hacia una instalación de menor envergadura. El acuerdo viene a dar la razón a Ricardo Melchior, porque el proyecto ahora acordado por todas las partes es -en la práctica- el defendido por el
presidente del Cabildo de Tenerife, un hombre más próximo a la sensibilidad conservacionista y ecológica que la mayoría de sus correligionarios áticos e, incluso, de sus ciudadanos. El proyecto ´acordado´ por el Estado y Canarias supone reducir en 300 metros el dique exterior y en 600 metros la terminal de contenedores de la propuesta de Puerto planteada inicialmente por las autoridades canarias. Se trata de un pacto de ´mínimo común denominador´, que permite desatascar las obras y deja para dentro de quince años -o treinta- el debate sobre posibles ampliaciones, que quizá resulten necesarias en el futuro.
Si viviéramos en un mundo razonable, el movimiento anti-puerto industrial debería sentir cierta satisfacción: su movilización ha logrado situar la obra en términos muy distintos a los inicialmente previstos. En cualquier país con menos tendencia al maximalismo, eso sería considerado un éxito. Pero en Canarias no solemos aceptar que en los grandes debates la razón es siempre y en parte algo de todos. En Tenerife la oposición al puerto industrial se ha
convertido en bandera de los grupos antisistema y contrarios a cualquier forma de desarrollo, por reducido que sea su impacto ambiental o bajo que sea su coste en términos de uso del territorio.
Es posible que el discurso "todo o nada" de esos grupos acabe arrastrando a la radicalización a los grupos del ecologismo insular que se reclaman razonables. Si así ocurre, peor para todos, pero -sobre todo- peor para ellos. Porque la responsabilidad del fracaso es siempre mayor para quien se niega a reconocer su propio éxito.
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