MÁS SOBRE GRANADILLA Y EL GOBIERNO
DETALLES CONCRETOS DEL INFORME QUE OCULTÓ EL GOBIERNO DE CANARIAS.
Un informe elaborado por el departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente no se incluyó en la documentación que remitió al Parlamento de Canarias junto con el dictamen en el que recomendaba no tomar en consideración la proposición de ley de iniciativa popular de declaración de reserva natural especial del litoral noroeste de Granadilla.
El Consejero de Medio Ambiente ha reconocido en el Parlamento que el documento existe pero tergiversa la conclusión a la que llega.
El Gobierno de Canarias ni tomó en cuenta El informe que el Gobierno ocultó hasta que ayer preguntó por él en la Cámara regional el diputado socialista Santiago Pérez fue emitido el 4 de junio de 2004 y, según el consejero de Medio Ambiente y Protección del Territorio, Augusto Lorenzo, concluye que el espacio de protección propuesto «no constituye un ámbito biológico exclusivo que le confiera especial relevancia para ser declarado espacio natural protegido».
Sin embargo, Augusto Lorenzo, en su respuesta a la pregunta de Pérez, obvió la segunda parte de la conclusión global del informe, que sí apunta que «al menos la franja más litoral puede jugar un papel destacado en la conservación de la biodiversidad, particularmente en relación con algunas especies catalogadas». El consejero de Medio Ambiente agregó a su versión de la conclusión, sin embargo, que el servicio de Biodiversidad estima que el ámbito propuesto no tiene una especial relevancia «para ser declarado espacio natural protegido», frase ésta que no aparece en el citado informe.
«ERROR DE TRANSCRIPCIÓN»
El documento, que tiene la conformidad del jefe de servicio de Biodiversidad, José Luis Martín Esquivel, y que el 17 de junio de 2004 ya tenía en sus manos el director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Moreno, también afirma que los datos reseñados en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa popular (ILP) referidos al ámbito geográfico y a hábitats, especies y procesos geológicos, «son veraces» y, por tanto, confieren a la proposición de ley la validez necesaria como para que el Parlamento «admita debatirla», decía ayer Antonio Rodríguez, miembro de la comisión promotora.
Se da la circunstancia de que el informe de Medio Ambiente fue emitido el 4 de junio de 2004, cinco meses antes de que el Parlamento solicitara al Gobierno, el 11 de noviembre, la emisión del informe preceptivo previo al debate de toma en consideración de la ILP en la Cámara regional que, si nada lo impide, se producirá hoy. Augusto Lorenzo dijo en el pleno que Medio Ambiente emitió un informe y más tarde reconoció en privado a Santiago Pérez que, si no se incluyó en la documentación que se remitió al Parlamento, sería por un «error de transcripción». El diputado socialista calificó de «sorprendente» que el Gobierno haya ignorado este informe y le reclamó «transparencia» en un asunto «tan delicado».
QUERELLAS
A lo largo de las ocho páginas que componen el informe, el técnico del Servicio de Biodiversidad encargado de su elaboración hace alusión en varias ocasiones a los hábitats de interés comunitario localizados en el espacio que se propone proteger y que están contenidos en la Directiva Hábitat de la UE. A mediados de agosto, la UE reclamó a España información concreta y concisa sobre el proyecto de construcción del puerto de Granadilla, al entender, merced a las denuncias presentadas, que esta infraestructura «en su estado actual no es conforme a las disposiciones de la Directiva Hábitat». Especial atención se presta en el informe a especies protegidas localizadas en la franja costera que la ILP propone proteger, como la piña de mar, la pimelia tinerfeña costera, la terrera marismeña o el camachelo trompetero. De ellas destaca su catalogación, la protección a la que están sometidas y la importancia cuantitativa y cualitativa que tienen.
Además de las especies y hábitats a proteger, los responsables del informe destacan que la ubicación del territorio propuesto «aporta conectividad en los sistemas biológicos costeros, contribuyendo al flujo de propágulos, pólenes, esporas, movilidad de insectos (caso concreto de la pimelia tinerfeña), lo que contribuye dicen al mantenimiento de determinadas especies y su implicación para la conservación de las mismas y ecosistemas en los ámbitos ya protegidos», como la reserva natural especial de Montaña Roja.
Los promotores de la ILP para proteger Granadilla recordaban ayer que la viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis, está inmersa en una querella por prevaricación al emitir un dictamen diferente a lo que contenían los informes emitidos por los técnicos. Ahora los ecologistas advierten al consejero que pueden querellarse contra él.
Un informe elaborado por el departamento de Biodiversidad de la Consejería de Medio Ambiente no se incluyó en la documentación que remitió al Parlamento de Canarias junto con el dictamen en el que recomendaba no tomar en consideración la proposición de ley de iniciativa popular de declaración de reserva natural especial del litoral noroeste de Granadilla.
El Consejero de Medio Ambiente ha reconocido en el Parlamento que el documento existe pero tergiversa la conclusión a la que llega.
El Gobierno de Canarias ni tomó en cuenta El informe que el Gobierno ocultó hasta que ayer preguntó por él en la Cámara regional el diputado socialista Santiago Pérez fue emitido el 4 de junio de 2004 y, según el consejero de Medio Ambiente y Protección del Territorio, Augusto Lorenzo, concluye que el espacio de protección propuesto «no constituye un ámbito biológico exclusivo que le confiera especial relevancia para ser declarado espacio natural protegido».
Sin embargo, Augusto Lorenzo, en su respuesta a la pregunta de Pérez, obvió la segunda parte de la conclusión global del informe, que sí apunta que «al menos la franja más litoral puede jugar un papel destacado en la conservación de la biodiversidad, particularmente en relación con algunas especies catalogadas». El consejero de Medio Ambiente agregó a su versión de la conclusión, sin embargo, que el servicio de Biodiversidad estima que el ámbito propuesto no tiene una especial relevancia «para ser declarado espacio natural protegido», frase ésta que no aparece en el citado informe.
«ERROR DE TRANSCRIPCIÓN»
El documento, que tiene la conformidad del jefe de servicio de Biodiversidad, José Luis Martín Esquivel, y que el 17 de junio de 2004 ya tenía en sus manos el director general de Medio Ambiente, Juan Carlos Moreno, también afirma que los datos reseñados en la exposición de motivos de la iniciativa legislativa popular (ILP) referidos al ámbito geográfico y a hábitats, especies y procesos geológicos, «son veraces» y, por tanto, confieren a la proposición de ley la validez necesaria como para que el Parlamento «admita debatirla», decía ayer Antonio Rodríguez, miembro de la comisión promotora.
Se da la circunstancia de que el informe de Medio Ambiente fue emitido el 4 de junio de 2004, cinco meses antes de que el Parlamento solicitara al Gobierno, el 11 de noviembre, la emisión del informe preceptivo previo al debate de toma en consideración de la ILP en la Cámara regional que, si nada lo impide, se producirá hoy. Augusto Lorenzo dijo en el pleno que Medio Ambiente emitió un informe y más tarde reconoció en privado a Santiago Pérez que, si no se incluyó en la documentación que se remitió al Parlamento, sería por un «error de transcripción». El diputado socialista calificó de «sorprendente» que el Gobierno haya ignorado este informe y le reclamó «transparencia» en un asunto «tan delicado».
QUERELLAS
A lo largo de las ocho páginas que componen el informe, el técnico del Servicio de Biodiversidad encargado de su elaboración hace alusión en varias ocasiones a los hábitats de interés comunitario localizados en el espacio que se propone proteger y que están contenidos en la Directiva Hábitat de la UE. A mediados de agosto, la UE reclamó a España información concreta y concisa sobre el proyecto de construcción del puerto de Granadilla, al entender, merced a las denuncias presentadas, que esta infraestructura «en su estado actual no es conforme a las disposiciones de la Directiva Hábitat». Especial atención se presta en el informe a especies protegidas localizadas en la franja costera que la ILP propone proteger, como la piña de mar, la pimelia tinerfeña costera, la terrera marismeña o el camachelo trompetero. De ellas destaca su catalogación, la protección a la que están sometidas y la importancia cuantitativa y cualitativa que tienen.
Además de las especies y hábitats a proteger, los responsables del informe destacan que la ubicación del territorio propuesto «aporta conectividad en los sistemas biológicos costeros, contribuyendo al flujo de propágulos, pólenes, esporas, movilidad de insectos (caso concreto de la pimelia tinerfeña), lo que contribuye dicen al mantenimiento de determinadas especies y su implicación para la conservación de las mismas y ecosistemas en los ámbitos ya protegidos», como la reserva natural especial de Montaña Roja.
Los promotores de la ILP para proteger Granadilla recordaban ayer que la viceconsejera de Medio Ambiente, Milagros Luis, está inmersa en una querella por prevaricación al emitir un dictamen diferente a lo que contenían los informes emitidos por los técnicos. Ahora los ecologistas advierten al consejero que pueden querellarse contra él.
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