La gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Canarias7.es -

Una ley con trampa
EL REAL DECRETO SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS OBLIGA A LOS VENDEDORES A RECOGER LOS APARATOS QUE SUSTITUYEN

Pese a que la ley es clara, no se cuenta con gestores para reciclar electrodomésticos.

El comité directivo de la Mancomunidad del Sureste decidió dirigirse al Gobierno canario para que obligue a los fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos que los retiren para su reciclado y cumplan con la normativa emanada de Europa en febrero pasado.

Los primeros ediles del Sureste adoptaron este acuerdo tras comprobar que, una vez ha entrado en vigor en agosto el Real Decreto de 25 febrero pasado sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos, que desarrolla la pertinente normativa europea de 8 de diciembre de 2003, se encuentran con que no hay gestores autorizados para su reciclaje y que los vertederos insulares no admiten los aparatos en desuso.
Según contó el gerente de la Mancomunidad Intermunicipal, Rafael Sánchez, "nos encontramos con que ha entrado en vigor una ley, que obliga a los fabricantes y operadores a recepcionar de sus clientes los aparatos viejos para su reciclaje, dado que poseen residuos peligrosos, pero que se niegan a hacerlo, porque la ley es ambigua y, aparte de eso, no existe en la Isla un sólo centro ni agentes autorizados para el posterior reciclaje, y esos aparatos están siendo depositados por los ciudadanos en los contenedores destinados a la basura".
Por este motivo, según Sánchez, "los servicios de recogida de basura de nuestros municipios empezaron a recogerlos, pero en los vertederos, que conocen la nueva ley, no permiten su depósito, lo que nos origina el grave problema de ir acumulando neveras, lavadoras y aparatos viejos, que no sabemos dónde ponerlos, aparte de que también la ley sólo permite un almacenaje temporal de unos seis meses, por lo que no sabemos qué es lo que vamos a hacer con esos residuos".
Así las cosas, el problema descansa ahora en los responsables del Gobierno de Canarias, que verán cómo todos los consistorios isleños empezarán a plantear el mismo problema que se está originando en el Sureste.