Los municipios de la Costa del Sol proyectan 540.000 nuevas viviendas

Diego Narváez

El País, 19-12-2005

El espectacular crecimiento de la construcción de viviendas en la Costa del Sol parece imparable. Pese a que la escasez de agua cuestiona que se pueda dar servicio a tantas casas nuevas, hay planeadas más de medio millón en un litoral en el que apenas quedan zonas sin explotar. Como trasfondo de esa voracidad constructora se van confirmando en los juzgados delitos urbanísticos cometidos por corporaciones de todos los colores políticos e incluso tramas mafiosas sobre las que ya hace años comenzaron a saltar las alarmas. Las sospechas se ven reforzadas en casos como la operación Ballena Blanca, que destapó el blanqueo de dinero a través de operaciones urbanísticas.

El fuerte ritmo de construcción de viviendas en la provincia de Málaga en los últimos años -en 2002, por ejemplo, se construyeron casi tantas casas como en toda Cataluña- no parece tener freno. La Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía estima que en los nuevos planes de ordenación municipal se proyectarán en el conjunto de la provincia más de 600.000 viviendas a ejecutar en los próximos 10 o 12 años. Actualmente hay registradas catastralmente en la provincia 791.859 casas que tributan en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Mayoritariamente estas previsiones se concentran en la Costa del Sol, donde sólo 10 municipios que ya tienen ultimado el documento de avance de sus nuevos Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) suman 455.000 nuevas casas. A ellas hay que unir las 48.000 programadas en el PGOU de Benalmádena aprobado hace apenas dos años, y otras 35.000 que se estima sumarán los planes de Nerja y Torremolinos, aún no publicados.

En total, unas 540.000 nuevas viviendas en una franja costera de 160 kilómetros entre Nerja y Manilva donde se ha construido en los últimos años la mitad de las viviendas edificadas en el conjunto del litoral andaluz, y que hoy en día es ya prácticamente un continuo urbano en el que han desaparecido las fronteras entre términos municipales, y en el que se localizan 44 de los 87 campos de golf andaluces. Especialmente llamativo es el caso de Benahavís, que con apenas 2.265 habitantes programa 90.000 nuevas viviendas.

Este vertiginoso ritmo de crecimiento ha provocado ya un profundo debate social sobre sus consecuencias y la conveniencia de poner límites a un modelo urbanístico voraz con los recursos naturales y que se ha desarrollado sin las infraestructuras necesarias.

Uno de los municipios más expansivos es el de Estepona, gobernado por el socialista Antonio Barrientos con apoyo de ex miembros del GIL y el Partido Andalucista (PA), en el que se va a programar suelo para 82.000 nuevas viviendas -actualmente tiene 32.000- más incluso que en la capital, Málaga (78.000 nuevas casas), que tiene 10 veces más habitantes.

El alcalde relativiza los datos y explica que la proyección del número de viviendas sería a un plazo "muchísimo más amplio" a los 12 años aproximados de vigencia del plan. Barrientos asegura que la población real de la ciudad supera ya los 100.000 habitantes y argumenta: "No hay que mirar las cifras, sino que el crecimiento sea coherente y realizado con los equipamientos correspondientes y respetuoso con el medio ambiente, más negativo es hacer 3.000 viviendas sin equipamientos, que 10.000 bien programadas".

Según Barrientos, el 70% del término municipal quedará como suelo no urbanizable y "todo lo que está previsto se ajusta a un plan de desarrollo sostenible, con suficientes infraestructuras y parques, y densidades y coeficientes de edificabilidad más bajos de los máximos que permite la ley".

El propio presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores, José Prado, reconoce quedarse "asustado" con las previsiones de nuevas viviendas, y proclama que se trata de un crecimiento "insostenible si no va acompañado de unas infraestructuras que hoy ya son absolutamente insuficientes".

El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, va más allá. Admite el atraso en infraestructuras, pero rechaza que si éstas crecen pueda mantenerse la expansión urbanística. "Hay que hacer una reflexión sobre lo que admite el territorio en función de las necesidades de agua, o de consumo energético, de la conservación del paisaje... El territorio tiene una capacidad de carga y los municipios deben ser conscientes de que hay unos límites de los que no podrán pasar", explica.

La expansión urbanística corre ya también por el interior de la provincia, especialmente en el Valle del Guadalhorce, comarca en la que se proyectan 50.000 nuevas viviendas, o en ciudades como Antequera, que prevé 35.000 casas.