El Parlamento canario aprueba reclasificar suelo rústico en urbano para vivienda oficial
CanariasAhora.com, 26-1-2006
El Pleno del Parlamento de Canarias aprobó este jueves con el respaldo de todos los grupos una modificación de la Ley de Vivienda que permite la reclasificación de suelo rústico para la construcción de viviendas, siempre que al menos el 50% del aprovechamiento se destine a inmuebles de protección oficial.
Todos las fuerzas políticas parlamentarias respaldaron la modificación legslativa al considerar importante favorecer la construcción de más viviendas protegidas. No obstante, los socialistas mantuvieron sin éxito algunas enmiendas y, entre ellas, una iniciativa orientada a que se destinara el 60% del aprovechamiento para este tipo de casas protegidas.
El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Antonio Castro, destacó la trascendencia de esta ley para resolver la escasez de suelo para la construcción de viviendas protegidas. La modificación legal de la Ley de Viviendas tiene carácter transitorio y está destinada a los municipios que no han adaptado su planeamiento a la ley de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales.
Antes de llegar el texto de esta modificación legal al Pleno para su aprobación definitiva, la ponencia parlamentaria que la tramitó ya había excluido de esta posibilidad de reclasificación el suelo rústico aislado, como estaba en el proyecto remitido por el Gobierno. Por tanto, sólo se podrá reclasificar en su caso el suelo rústico contiguo, ya que lo contrario "afectaba negativamente al modelo territorial y urbanístico", según el diputado socialista José Alcaraz.
El representante del PSC dijo que su grupo tenía muchos reparos a esta ley, pero los cambios introducidos en la tramitación parlamentaria han sido positivos. Defendió no obstante una enmienda para que el aprovechamiento urbanístico del suelo reclasificado fuera destinado en un 60% a vivienda protegida, no en un 50% como finalmente figura.
También defendió que en caso de reclasificación de suelo el trámite de información pública sea de 30 días, no de 15, porque en un plazo tan corto no se respeta el derecho a la participación de los ciudadanos, consideró. José Alcaraz también denunció la introducción de una disposición adicional en el texto legal que supone modificar aspectos sustanciales de la Ley de Directrices.
Estimó que no es procedente modificar una ley aprobada por unanimidad como la de Directrices por la vía de una enmienda en otro texto legal que tiene otro objetivo. "Esto supone romper el consenso y abrir la reforma de las directrices por una vía vergonzante", dijo José Alcaraz, de manera que se rompen los principios de transparencia y de seguridad jurídica.
El portavoz de Coalición Canaria (CC), José Miguel González, señaló por el contrario que no hay ninguna ruptura del consenso sobre las directrices, sino un cambio razonable que permite que los cabildos puedan desarrollar los planeamientos insulares, que estaban paralizados. Respecto a las otras enmiendas del grupo Socialista, González consideró que el aprovechamiento del 50% del suelo reclasificado para viviendas de protección publica es razonable y que quince días hábiles son suficiente para someter los cambios a información pública.
Jorge Rodríguez, portavoz del Partido Popular (PP), consideró que esta modificación de la Ley de Vivienda "no va a dar respuestas inmediatas, pero es una oportunidad para aumentar el número de viviendas de protección oficial y recuperar el interés de la iniciativa privada". Consideró que además son necesarias otras actuaciones, como clasificar como urbanizables todos los suelos, excepto los que deban ser protegidos por algún valor.
Celso Betancor, portavoz del grupo Mixto, también expresó su respaldo al texto por su importancia para poner más suelo para la construcción de viviendas protegidas.
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