Narbona quiere una Fiscalía para luchar contra los desmanes urbanísticos

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LA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE FIRMA EN LA CAPITAL GRANCANARIA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL LITORAL CANARIO

Canarias7 /EFE
Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha afirmado hoy en rueda de prensa que su Ministerio está a punto de sacar una ley en la que se incluya una Fiscalía General para la protección de derechos ambientales y urbanísticos, y un proyecto de ley en el cual las personas tengan acceso, por ejemplo, a aportar sugerencias sobre los diferentes temas que compete al ministerio.

El Gobierno canario y el estatal renovaron hoy el Convenio de Costas que firmaron en 1998, lo que supondrá una inversión de unos 200 millones con los que se ejecutarán actuaciones conjuntas dirigidas a regenerar y restaurar zonas del litoral de las islas, formado por más de 1.300 kilómetros.
Según explicó la ministra de Medioambiente, Cristina Narbona, tras suscribir la renovación de este convenio, con él se da un paso que tiene un profundo significado, ya que permitirá mejorar la colaboración entre la administración autonómica y la del Estado "con el objetivo de proteger y restaurar el litoral del archipiélago canario, que es un activo extraordinariamente importante para el desarrollo económico y social de las islas".
Se trata, dijo la ministra, de que entre las dos administraciones sumemos esfuerzos en la misma dirección.
Destacó que uno de los ámbitos de trabajo que se abordan en este nuevo Convenio de Costas se refiere a la preservación y restauración de los ecosistemas naturales de las islas tales como los sistemas dunares, para cuya recuperación el Ministerio de Medioambiente estudia distintas actuaciones, algunas de ellas "de mucho calado".
"Estamos intentando, por lo tanto, poner el énfasis en aquellos espacios más valiosos que todavía quedan vírgenes en el conjunto de las islas", aseveró.

Otro de los ámbitos sobre el que actuarán las administraciones regional y estatal en el marco de este convenio será el de las zonas sometidas a una mayor presión urbanística, afirmó Narbona.
En estos puntos del archipiélago se intentará "favorecer al máximo el uso público del litoral y mejorar las condiciones de las playas y su entorno, frenando los efectos negativos de la excesiva ocupación del suelo".
"Se trata de desarrollar en Canarias una política integral de gestión sostenible de la costa acorde con las directrices marcadas con la Unión Europea y en el contexto del esfuerzo de ámbito nacional que en esta legislatura quiere hacer el Ministerio de Medioambiente desde la Dirección General de Costas", dijo Narbona.
Por ello, desde este departamento, que dirige el canario José Fernández, se pretende "llevar a cabo una política de actuaciones en la costa que responda a una planificación y a unos objetivos claros que tienen que ver, no sólo con la inversión, sino con la gestión de ambas administraciones".
Cristina Narbona destacó que el Ministerio de Medioambiente "centrará sus esfuerzos en aquellas actuaciones donde la suma de las intervenciones de todas las administraciones sea más eficiente en torno a los objetivos de preservar y restaurar los ecosistemas naturales del litoral y frenar y compensar los efectos de la concentración urbanística" en estas zonas.
Narbona agregó que otra de las metas que se ha marcado el Ministerio de Medioambiente es la mejora del control del dominio público, ya que "ha sido una tarea menos relevante a los ojos de la ciudadanía que las inversiones en las distintas actuaciones".

Sobre la actuación de Medioambiente en estas zonas, Narbona recordó que este departamento ha ofrecido en esta legislatura presupuestos para adquirir, también en Canarias, fincas en el litoral y convertirlas en dominio público para preservar mejor la costa.

Por su parte, el presidente del Gobierno canario, Adán Martín, quien suscribió el convenio con la ministra, junto con los consejeros regionales de Medioambiente y Ordenación Territorial y Turismo, Domingo Berriel y Manuel Fajardo, destacó la presión sobre la costa que soportan las islas, ya que en esas zonas se concentra la práctica totalidad de la actividad económica y urbana del archipiélago.

A juicio de Martín, "que confluyan la administración del Estado y la autonómica en esa costa es la prueba de un intento de preservar ese territorio y sacarle el mayor valor para el desarrollo de nuestra actividad".