Fiscalía para luchar contra los delitos ambientales

El Congreso da luz verde a la creación de una Fiscalía para luchar contra los delitos ambientales

La ley acaba con la utilización del fuego con fines especulativos y plantea la posibilidad de que las comunidades autónomas regulen el acceso público a los montes
La mitad de los cerca de 40.000 incendios forestales que se registran cada año en la Unión Europea se producen en España. Durante los últimos 14 años los fuegos han ocasionado la muerte de 62 personas, la mitad de las cuales eran profesionales de la extinción, y han ardido más de 1.700.000 hectáreas de nuestro territorio, provocando unas pérdidas económicas de casi 9.000 millones de euros. Los datos evidencian que los incendios, lejos de ser un problema en vías de solución, constituyen toda una amenaza. Y para hacerle frente, el Congreso de los Diputados dio ayer un paso decisivo: aprobó la Ley de Montes.

ABC 17-2-06
El texto acaba con la utilización del fuego con fines especulativos, de manera que prohíbe cambiar el uso del suelo forestal tras un incendio durante al menos 30 años, así como la realización de toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal durante el tiempo que determine la legislación autonómica. Asimismo, refuerza la figura de los agentes forestales al otorgarles naturaleza de agentes de autoridad. En esta línea, otra de las novedades más importantes que introduce el proyecto es la creación de una Fiscalía especial de delitos ecológicos con la que el Gobierno quiere actuar «con precisión, rigor y contundencia ante cualquier delito ambiental». Un órgano que pretende poner fin a la situación actual -denunciada por los grupos ecologistas- en la que a pesar de que la mitad de los incendios son intencionados, se produce una escasa actuación en la persecución del delito y una ausencia de condenas.

Certificación forestal

El texto también recoge la creación del fondo para el patrimonio natural, destinado a financiar acciones dirigidas a proteger y conservar los montes. En este sentido, plantea la posibilidad de que las autonomías regulen el acceso público a los montes, y en particular el acceso con vehículos de motor. Además, reconoce la certificación forestal como un instrumento para la gestión sostenible: favorecerá la adquisición de madera y productos derivados procedentes de bosques certificados y evitará los procedentes de talas ilegales de terceros países.

Toda una batería de medidas con las que la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se mostraba ayer satisfecha ya que incentivarán las políticas forestales con criterios de sostenibilidad y medioambientales, «evitando toques economicistas», y apoyarán la lucha contra la desertización y el cambio climático.