Puertos del Estado recurre el PGO de Las Palmas de Gran Canaria
Fomento recurre el Plan General por vulnerar las competencias
del Estado en todo el litoral capitalino
R. Acosta / M. M. Guedes
La Provincia.es
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
El ente público Puertos del Estado, adscrito al Ministerio de Fomento, presentó ayer un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el Plan General de Ordenación Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, por entender que vulnera las competencias del Estado en el suelo de dominio público portuario. Este procedimiento ya fue anunciado en abril de 2005, pero no se iniciaría hasta el verano.
Así, en junio del pasado año, Fomento requirió a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias para que anulara la ordenación realizada por el Ayuntamiento capitalino en la zona de servicios del Puerto de La Luz, tanto el suelo portuario del istmo de Santa Catalina como en el resto del frente litoral, desde La Isleta hasta San Cristóbal. El departamento autonómico había aprobado definitivamente en el mes de mayo la adaptación del planeamiento a la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias.
La Consejería de Medio Ambiente no contestó al requerimiento, por lo que Puertos del Estado presentó ayer el recurso con el escrito previo a la formalización de la demanda, que se realizará en los próximos días.
El organismo estatal considera que el Ayuntamiento ha invadido competencias del Estado al entrar en la ordenación de suelo del Puerto mediante varios ordenamientos de áreas singulares (OAS), concretamente los que hacen referencia al istmo y, en general, el frente litoral de la ciudad. El principal demandado por el ente público del Ministerio de Fomento es la Comunidad Autónoma, que es el organismo competente en la aprobación definitiva del Plan General, mientras que el Ayuntamiento figura como codemandado.
Cuando Puertos del Estado anunció su intención de recurrir el Plan General, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se reaccionó asegurando que no había motivos técnicos para ejercer tal procedimiento. En aquel momento, los representantes del PP en la Autoridad Portuaria de Las Palmas y los del Gobierno estatal, del PSOE, estaban enfrentados por el polémico concurso de ideas del istmo de Santa Catalina
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