Conclusiones sobre el Gas, editadas por el Consejo Social de la ULPGC

Conclusiones básicas obtenidas durante la celebración del I Foro Universidad-Sociedad: Tecnología del gas y su viabilidad.

El Consejo Social de la ULPGC ha organizado el I Foro Universidad-Sociedad dedicado, en esta ocasión, a las Tecnologías del Gas y su Viabilidad.

Para este evento, que se ha realizado con presencia de técnicos con gran experiencia en proyectos e instalaciones relacionados con la implantación del Gas Natural –tanto en España como en otros países de Europa– junto a la gran mayoría de los entes implicados en la implantación del gas en Canarias –Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria, Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Autoridad Portuaria de Las Palmas y GASCAN–, tras dos jornadas, la primera de carácter totalmente técnico y la segunda, con la intervención de las Administraciones Canarias implicadas, se han elaborado estas conclusiones las cuales han podido ser totalmente contrastadas:

Una vez descartados el carbón y el uranio, el gas es una alternativa posible para diversificar los combustibles, como fuente de energía primaria en Canarias, consiguiendo reducir drásticamente las emisiones de dióxido de carbono, dióxido de azufre y partículas.

El Plan Energético Estatal prevé desde 2002 hasta 2011 siete plantas de regasificación en el territorio peninsular y dos plantas en la Comunidad Autónoma de Canarias. Todas las instalaciones están previstas que sean ubicadas en tierra (on-shore).

Las instalaciones en mar (off-shore) presentan una serie de ventajas: menor percepción social de riesgo, menor impacto visual y la nula necesidad de disponer terrenos para ellas.

Las principales ventajes de las instalaciones en tierra son: la fiabilidad probada durante muchos años de experiencia práctica de funcionamiento, su capacidad de almacenamiento, menor riesgo intrínseco que una instalación comprimida.

El almacenamiento estratégico exige tener unas reservas permanentes de, como mínimo, el equivalente a treinta y cinco días de consumo de gas. Este requerimiento obligaría, en la opción en mar, a disponer de dos barcos fondeados frente a la costa.

Los sistemas eléctricos en las islas de Gran Canaria y Tenerife son aislados y no existen en la actualidad ningún ejemplo mundial, ni siquiera a nivel de proyecto, de regasificadoras en mar para alimentar este tipo de sistemas. Las plantas en mar solamente se están instalando en redes de elevados consumos de gas, con grandes capacidades de almacenamiento y varias entradas de suministro, donde las fluctuaciones en el suministro de una planta no son críticas.

La normativa actual obliga a que, para la gestión de anomalías o alarmas, existan equipos especializados debiendo contarse, en todo momento, con un sistema de control distribuido para corregir y actuar frente a cualquier evento que ponga en riesgo las personas y las instalaciones.

En Gran Canaria se han estudiado diferentes alternativas portuarias para instalar una planta de regasificación en tierra como son La Isleta, Arguineguín y Arinaga. La opción más estudiada es la del puerto de Arinaga ya que es un puerto industrial, cercano al principal consumidor (central eléctrica de Juan Grande) y ubicado en el centro de gravedad de los futuros consumidores.

Las futuras ampliaciones de las plantas regasificadoras se pueden desarrollar en tierra mediante reserva del terreno y menores inversiones. En las instalaciones en mar el incremento de la capacidad de la regasificadora conlleva a una inversión completa de barco-tanque, etc. siendo la cuantía de esta opción superior.

Corresponde al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, consultadas las administraciones Canarias, la toma de decisión respecto a la fórmula más viable de regasificación y al Ministerio de Medio Ambiente su evaluación ambiental.

En cualquier caso urge la implantación efectiva del gas natural en Canarias por lo que los órganos responsables deben tomar sus decisiones sin más dilaciones manteniendo debida y correctamente informados a la administración local y autonómica, a la opinión pública y a todos los agentes implicados.