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TURCÓN - Ecologistas en acción

El Gobierno y los expertos se oponen a que el Estado asuma el urbanismo local

El Gobierno y los expertos se oponen a que el Estado asuma el urbanismo local

Alejandro Zabaleta
La Provincia-DLP.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La propuesta lanzada días atrás por el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, en el sentido de que el Estado recupere parte de las competencias urbanísticas que hoy tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos, para evitar irregularidades como las que se investigan en Marbella, no ha dejado indiferentes a los sectores vinculados al urbanismo en Canarias. Arquitectos, promotores y responsables de las diferentes administraciones rechazan en su mayoría esta solución, que ven engorrosa desde el punto de vista administrativo y legislativo, y poco efectiva para combatir la corrupción. En cambio dirigentes del PP consultados por este periódico rehusaron manifestarse al respecto.

El consejero regional de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, califica la propuesta de Rajoy de "barbaridad jurídica" y se muestra sorprendido de que "un demócrata diga eso". Para el consejero, "el Estado no tiene por qué ser más cuidadoso, sinvergüenzas los hay en todos los sitios".

Además, Berriel recuerda que la postura de Rajoy choca con la que sostiene el presidente de su formación en Canarias, el también presidente del Cabildo grancanario José Manuel Soria, que quiere hacer desaparecer la Cotmac (Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias), organismo de la Comunidad Autónoma, para otorgar mayor protagonismo en la ordenación territorial a los cabildos. "Ni una cosa ni otra, ni elevar la competencia al Estado ni descenderla a los cabildos, la distribución competencial actual es la que debe haber", explica el consejero.

La presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, Heidi Arocha, ve en la propuesta de Rajoy "un engorro administrativo tremendo" y entiende que "desde un punto de vista objetivo, lo más cabal y coherente sería proponer el establecimiento de estrictos sistemas de control que eviten la desviación del ejercicio de las competencias urbanísticas". Frente a otras posibles soluciones, ésta "es viable y no conlleva otros temas colaterales", afirma Arocha.

La representante de promotores y constructores cree que la idea del popular supone "dar un paso atrás y querer acabar con un problema creando otro mayor", y afirma que las competencias de Urbanismo las debe ejercer aquella administración que "tenga plena conciencia de la realidad, que tenga un conocimiento real y de primera mano de las necesidades de su entorno y de la sociedad que se desarrolla dentro de ese entorno".

PATENTE DE CORSO. Javier Mena, presidente de la demarcación grancanaria del Colegio de Arquitectos cree que lo ocurrido en Marbella es "lamentable" y aboga por "un sistema más controlado, para que el urbanismo no esté en manos de piratas con patente de corso". El representante de los arquitectos entiende que "el desarrollo urbanístico debería seguir en manos de los ayuntamientos, con un control directo y una mayor participación ciudadana".

Para Mena "es más un problema de hacer cumplir bien la ley que existe, que estén claros todos los controles". El arquitecto denuncia que en ciertos casos "las informaciones públicas no son auténticas, no se permite a la oposición entrar en las comisiones de urbanismo... así pasa lo que pasa, y no sólo en Marbella. Al final todo se descubre cuando alguien tira de la manta", explica.

Ramón Miranda, presidente de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) califica la propuesta de Rajoy de "una de las mayores aberraciones que se han dicho. Parece que los superhonestos están en el Estado, los honestos en las comunidades autónomas y los golfos en la administración local". El alcalde de Garachico dice que la puesta en marcha de una medida como ésta supondría "cambiar todo el entramado jurídico a nivel de legislación". Miranda se queja de que "todos quieran residenciar los golpes en los ayuntamientos".

El promotor y constructor Juan Miguel Sanjuán entiende que la línea propuesta por el máximo dirigente del Partido Popular "no es el camino para solucionar estos temas". A su juicio, "centralizar las decisiones no asegura que las irregularidades no se vuelvan a cometer a otro nivel". Con respecto a la descentralización de competencias, Sanjuán afirma que "hay cosas que no tienen marcha atrás. Que el Estado rescate las competencias sería como decir que todos los ayuntamientos cometen estos desmanes".

PERVERSIÓN. El concejal de Urbanismo de San Bartolomé de Tirajana, José Juan Santana, cree que los ayuntamientos en la actualidad necesitan el urbanismo para financiarse. "El urbanismo es la única herramienta con la que las entidades locales pueden mercadear, en el buen sentido de la palabra, lo demás son impuestos. Los ayuntamientos están necesitados de dar respuestas a la población y limitados en la obtención de recursos". Esta situación, para Santana, puede llevar a la perversión.

El arquitecto y urbanista Faustino García Márquez entiende que la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas y ayuntamientos "no tiene vuelta atrás, cuando además hay muchos actos que han ido consolidando modelos diferentes". Para García Márquez, "el Estado no tiene capacidad ni aparato para controlar esto, por lo que habría que hacer una transferencia a la inversa de archivos, bases de datos, etc...". El arquitecto afirma que "pensar que rescatando las competencias se van a arreglar cosas como las de Marbella es no conocer la historia del urbanismo en España".

El ex alcalde de Telde Francisco Santiago entiende que "las competencias de Urbanismo están donde la Constitución Española dice que deben estar, así que Rajoy, que siempre habla de no tocar la Carta Magna, no parece haber estado muy atinado en esta ocasión". Santiago califica lo sucedido en Marbella de "desatino", no extensible al resto de España y la solución propuesta por Rajoy de "idea que está en contra de la democracia". Para él, "hacen falta políticos más honestos y que el Estado ponga más medios a la administración de justicia para que estos casos sean identificados con mucha rapidez y las personas que los cometen puedan ser sacadas de la vida pública".

Este periódico trató de recabar las opiniones del consejero de Política Territorial, Vivienda y Arquitectura del Cabildo grancanario, Carlos Sánchez, así como de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, que es también presidenta de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias). Ambos, pertenecientes a la formación política de Rajoy, prefirieron no opinar sobre el tema.

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1 comentario

ANTONIO -

Y es verdad dónde hay más golfos es el la administración local, y lo tengo comprobado, BASTA YA DE ESTAS CORRUPTOS SINVERGUENZAS, MÁS CONTROL
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