Investigación policial en La Playa de Las Teresitas en Tenerife

Canarias7.es

Miedo político en Las Teresitas
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA DELITOS URBANÍSTICOS

La fisonomía de la playa de Las Teresitas cambiará sustancialmente tras la remodelación.

R.R.
Santa Cruz de Tenerife

La investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción sobre la operación urbanística para recuperar la playa de Las Teresitas para uso público podría destapar un nuevo caso de corrupción y clientelismo en Canarias. La Fiscalía está mirando con lupa el asunto y en Tenerife el nerviosismo de políticos y empresarios es más que evidente.
Las sucesivas operaciones de compraventa de los terrenos de la playa de Las Teresitas se han hecho siempre bajo los focos de la luz pública. Todos los movimientos empresariales y políticos se han conocido con profusión de detalles al día siguiente de producirse o incluso antes. Se sabe cómo se gestó la compra de los terrenos del frente de playa y del Valle de Las Huertas y cómo y en qué condiciones el Ayuntamiento de Santa Cruz recuperó para el uso público todo el frente de playa.
Quizás por eso a muchos les sorprendiera la denuncia que un colectivo ciudadano denominado Ínsula Viable presentó el verano pasado ante la Fiscalía para la Represión de los Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción, más conocida como Fiscalía Anticorrupción.
La denuncia expone punto por punto los pasos que dieron los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia, propietarios de la compañía mercantil Inversiones Las Teresitas SL, para adquirir, con un crédito concedido por CajaCanarias, los terrenos de la playa de Las Teresitas a la junta de compensación por 30 millones de euros.
Convenio
La denuncia se centra no obstante en el convenio posterior rubricado por el Ayuntamiento de Santa Cruz e Inversiones Las Teresitas SL para la recuperación del frente de playa a cambio de la modificación urbanística de los terrenos del Valle de las Huertas. Los denunciantes consideran que el convenio fue el "pretexto perfecto para la consumación de una operación inmobiliaria con fines especulativos que transgrede todos los principios, objetivos y fines que legalmente han de inspirar la actuación de las administraciones públicas en materia urbanística".
Por eso entienden que los actos y decisiones municipales en torno a esta operación "se revisten, posiblemente, de carácter delictual que se puede calificar como irregularidades procedimentales y económicas"•.
La operación inmobiliaria que ahora investiga la fiscal Anticurrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, con el apoyo de la Fiscalía Anticurrupción central, ha aportado a las cuentas corrientes de Ignacio González y Antonio Plasencia más de cien millones de euros.

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