Expertos en Urbanismo aconsejan que el Estado asuma las competencias
Natalia Vaquero
La Provincia, 17-5-2006
El Gobierno central y las Cortes Generales del Estado no pueden desentenderse del territorio. Éste es uno de los principales mensajes que aparecen en un manifiesto elaborado por un grupo de expertos en Urbanismo y que ha sido avalado por más de un centenar de arquitectos, ingenieros, geógrafos, filósofos, historiadores y museólogos de toda España. El documento aboga por "una nueva cultura del territorio" y tacha de "muy preocupante" la evolución que experimentan los usos del suelo en todo el territorio nacional. Los promotores de este manifiesto recuerdan que el urbanismo ha pasado a ser sinónimo de "opacidad, mala política y corrupción" y aconsejan que el Estado asuma su responsabilidad en la gestión del suelo.
La Constitución española otorga a las comunidades autónomas y a los municipios las competencias en ordenación territorial y urbanismo, reconocen, pero "la administración general del Estado no puede dejar de considerar el territorio como parte de sus responsabilidades", avisan, al tiempo que defienden que es "inaplazable la revisión de la legislación todavía vigente desde 1998 sobre medidas liberalizadoras en materia de suelo". Además, ven "imprescindible" una nueva legislación del suelo que supere "la visión estrecha según la cual la vocación esencial del suelo sería su urbanización".
La legislación del Estado, según los firmantes del documento, está obligada a requerir a las administraciones competentes "la atribución de valores sociales positivos a todas las partes del territorio español", puesto que todas ellas afectan a la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre el Gobierno central recae igualmente la responsabilidad de revisar y proponer el consenso relativo a un nuevo modelo de financiación para las administraciones locales que responda a los principios de suficiencia financiera y adecuación de recursos a los servicios reales que deben prestar. Además, recuerdan los planeamientos municipales deben tener como principal objetivo facilitar el acceso a la vivienda, el goce de los servicios y la preservación del ambiente.
"En demasiadas ocasiones, los planes locales de ordenación está sirviendo casi exclusivamente para impulsar procesos de expansión urbana", lamentan, al tiempo que reiteran su apuesta por planes municipales de ordenación que basen el crecimiento urbano en criterios ecológicos y sociales, "más allá de la simple consideración de la oportunidad económica o de ocasionales negocios particulares inmediatos". El suelo rústico no es un espacio residual, avisan, y debe destinarse a prácticas agrarias que "se hacen imprescindible por razones ambientales y ecológicas, incluso en grandes ciudades".
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