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Urbanización Hoya Pozuelo (Telde) : recuperar el suelo público

Urbanización Hoya Pozuelo (Telde) : recuperar el suelo público

EL GOBIERNO ANUNCIA QUE ESTE AÑO SE DERRIBARÁN LOS 26 DÚPLEX DE HOYA POZUELO

La demolición de los 26 dúplex que invaden suelo de servidumbre costera en Hoya Pozuelo, en La Garita, «ya no tiene marcha atrás», según Pedro Gómez, director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo que depende del Gobierno canario ● Gómez dejó claro que la responsabilidad la tiene la promotora, Hoya Pozuelo SL, y no los particulares que compraron esas casas.

Fuente: Teldeactualidad.com

No hay más salida que el derribo. Así de tajante se mostró ayer Pedro Gómez, director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo que depende del Gobierno canario. La demolición de los 26 dúplex que invaden suelo de servidumbre costera en Hoya Pozuelo, en La Garita, «ya no tiene marcha atrás», según recogen hoy los rotativos Canarias7 y La Provincia.

En la información de C7 se recalca que no hay más salida que el derribo. Así de tajante se mostró ayer Pedro Gómez, director ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, organismo que depende del Gobierno canario. La demolición de los 26 dúplex que invaden suelo de servidumbre costera en Hoya Pozuelo, en La Garita, «ya no tiene marcha atrás».


Gómez dejó claro que la responsabilidad la tiene la promotora, Hoya Pozuelo SL, y no los particulares que compraron esas casas. «El problema de un promotor (este periódico intentó sin éxito contactar ayer con Jaime Cortezo) se intenta vender como un problema social, y aquí el conflicto lo ha creado una empresa que ha vendido unos dúplex aún a sabiendas de que estaban en litigio; lo ha perdido y ahora tiene que responsabilizarse».

El director de la Agencia recordó que la resolución adoptada surge de un expediente sancionador que se abrió a parte de esa urbanización en el año 2000 por invadir zona de servidumbre costera (suelo protegido de edificaciones residenciales) y que se resolvió con la decisión del derribo. La promotora, el estudio de arquitectos de la obra, los propietarios del suelo y varios particulares recurrieron, pero al final el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha emitido varias sentencias firmes en la que insta a culminar la demolición.

«Este derribo no tiene marcha atrás, hay un mandato firme del TSJC y la Agencia lo tiene que acatar; lo que no podemos hacer es dejar de cumplir una sentencia porque una promotora ha vendido casas ilegales a ciudadanos honrados». Por eso insiste en que debe ser el promotor el que indemnice a los afectados, o darles otra casa igual. Sugiere por ejemplo que les compense con viviendas en la otra fase de la urbanización que ya tiene en construcción justo al lado.

LA DEMOLICIÓN SE HARÁ EFECTIVA ESTE AÑO.Pedro Gómez avanzó ayer que el proceso de derribo sigue su curso y que en estos momentos, una vez notificados los afectados, ya se están redactando los proyectos de demolición. No da fechas, pero asegura que las casas serán derribadas este mismo año. Pero no todos los 26 inmuebles serán tirados. Caerán los 14 que están en la calle Paseo Marítimo, que dan al mar, y otros dos que se verán muy afectados porque perderán la mitad de sus estructuras. Asegura que en el resto las demoliciones son menores. «Afectan a partes del jardín o del muro exterior». Se ha enterado que el Consistorio y parte de los particulares estudian alegar indefensión jurídica para parar el derribo. Se basan en el hecho de que hay algunos que aseguran que en el expediente que se abrió en el 2000 no estaban afectados y ahora sí. Gómez no lo ve viable porque, según asegura, ahora hay menos implicados que al principio. Dice que justo durante este proceso Costas cambió el deslinde marítimo-terrestre. Es decir, acercó más al mar el punto desde donde se cuentan los 100 metros tierra adentro en los que, según la Ley de Costas, no puede haber viviendas. Gómez asegura que la primera línea de casas lo invade «casi hasta la mitad». No ve más salida que el derribo.

LOS TÉCNICOS ACECHAN LA OBRA VECINA. El edil de Ordenación, Guillermo Reyes, ordenó ayer a los técnicos que comprobaran in situ si las obras que ejecuta el mismo promotor al lado de la urbanización afectada ocupan o no zona protegida. La Agencia, según Pedro Gómez, asegura que también las sigue de cerca y confía en que no caiga en el mismo error. Reyes está averiguando también por qué las casas del derribo tienen agua y luz sin la preceptiva cédula de habitabilidad.

Por su parte, La Provincia publica que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de Canarias hará cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordena el derribo de los dúplex de Hoya Pozuelo, en La Garita, según informó ayer su director ejecutivo, Pedro Gómez.

"La Agencia debe velar por el cumplimiento de la legalidad y exigirlo, y si no se hace, acatar la sentencia, que es firme. No hay vuelta de hoja", sentenció Gómez. "Jurídicamente esto está más que resuelto y nosotros no vamos a matizar, ni a poner una coma más o menos de las puestas por el TSJC". El director de este órgano regional considera que se está haciendo "una proyección social de este problema, pero no es; el problema es del promotor que construyó, y que debe ahora solucionar el problema de los vecinos afectados". En ese sentido, considera que la empresa debe indemnizar a los propietarios "que no tienen culpa de nada" y a quienes la empresa que construyó la urbanización "debería entregar un dúplex sin vicio alguno".

En cuanto a la pretensión del Ayuntamiento de Telde de intentar frenar la demolición de las casas basándose en la indefensión de los vecinos que aseguran que no sabían nada del expediente y que no han podido personarse en el proceso, la Agencia señala que es improcedente. Su director asegura que esto se ha tramitado a través de un contencioso administrativo en el que han estado presentes la entidad mercantil Hoya Pozuelo, otras dos empresas interesadas y algunos propietarios "porque querían, pero el expediente se incoa a la promotora", por lo que era la única que forzosamente debía ser informada del proceso.

REUNIONES. El Consistorio anunció el lunes a los vecinos que quería frenar el proceso para tener tiempo suficiente de estudiar el expediente por el que se estaban revisando los lindes marítimos terrestres. Así, quizás, se podría evitar la ejecución de la sentencia, aseguraron el edil de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes, y la concejala de distrito, María del Carmen Castellano. Los técnicos municipales se reunirán mañana con una comisión de afectados.

Según Gómez, el derrumbe de las viviendas afectadas está ahora pendiente tan sólo de cuestiones técnicas. "Debemos redactar el proyecto, que se hará en breve, y sacar a concurso la demolición".

Además ya se ha enviado a técnicos del gobierno regional a tomar medidas de la última fase de la urbanización para comprobar si se están vulnerando los límites establecidos por Costas. "Convocaremos a todos los interesados, Demarcación de Costas, el Ayuntamiento y los propietarios, para levantar un acta de medición". En el caso de que las obras estén a menos de 100 metros del deslinde marítimo terrestre que está reflejado con un mojón, "incoaremos un expediente administrativo".

Según han informado los vecinos estos dúplex en construcción se están vendiendo por 300.000 euros.

DESPLAZAMIENTO. Mientras, el concejal de Ordenación Territorial, Guillermo Reyes, aseguró ayer que una parte de las viviendas sociales que se construyeron en las inmediaciones de la urbanización afectada "ocupa suelo que en su momento pertenecía al promotor de los dúplex afectado, y quizás este es uno de los motivos que explican cómo la urbanización ha terminado por ocupar parte de la zona de servidumbre". Reyes añadió que los vecinos de las viviendas implicadas "llevan años pagando el recibo de la contribución" y que, "al contrario de lo que ha dicho el señor Santiago, no es nada fácil solucionar este tema. El problema es que la ignorancia es muy atrevida", sentenció. Por último, repasó algunos de los problemas surgidos en los últimos años con esta obra, "como cuando los promotores quisieron recuperar la titularidad de unos viales tras cedérsela al Ayuntamiento". Fuente: Canarias7 y La Provincia-Diario de Las Palmas.


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1 comentario

luis -

No hay dominio publico ocupado. Por lo tanto no hay nada que recuperar. Los edificios estan en zona de propiedad privada, que tiene usos privados (por ejemplo, puede tener uso comercial). Por ley la zona de servidumbre no puede tener uso residencial. Pero esto no afecta ni al dominio publico ni al mediambiente ni nada por el estilo. Las prisas de la APMUN por el derribo y el no dar lugar a que puedan cambiar los hechos que hizo al tribunal dictar esta sentencia, responden a criterio político. Asi que tampoco es un tema judicial estrictamente hablando. Aqui hay mas tomate.
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