Urbanización Hoya Pozuelo (Telde) : recuperar el suelo público

LOS ESPEJOS NO TIENEN MEMORIA
Hoya Pozuelo

Artículo de opinión de Francisco J. Chavanel publicado en CanariasAhora.com

Un tal Gómez, enviado especial de Fernando González a la batallita de la Cámara de Comercio, ha dicho con muy malas mañas que la sentencia del TSJC sobre Hoya Pozuelo hay que cumplirla y que, por lo tanto, los veinte chalés que se encuentran en la zona de servidumbre tendrán que ser derribados. Poco importa que las viviendas en cuestión estén a 90 metros de la costa, y que si se aplicara el mismo rasero para todo habitáculo canario a menos de 100 metros de la pleamar nos quedaríamos sin el Paseo de Las Canteras (tal como lo conocemos), o el de las Teresitas, por sólo poner dos ejemplos, ya que según el mandado de González la ley es taxativa, y ellos la acatan como fieles vasallos, aunque sólo sea por esta vez.

Tal respeto a la legalidad por quienes son profesores en burlarla resulta sospechosa en este preciso instante en que el principal promotor de Hoya Pozuelo, Jaime Cortezo, ha mostrado su apoyo a Tadeo/José Miguel Suárez Gil, opositores al lobby del Puerto y por añadidura a Mauricio y a sus proletarios compañeros de aventuras, los cuales necesitan la Cámara o bien para seguir autosubvencionándose mutuamente o bien para marcar la pauta de los negocios de ésta o de la próxima legislatura, hablo de la expansión africana, de ubicación de la planta regasificadora en Arinaga, de la reedición del negocio del Istmo. El dinero, como siempre, escucha la conversación.

Si la ley fuera a misa para este Gobierno, y en concreto para su viceconsejero de Medio Ambiente y consejero de Economía y Hacienda, ya se hubiese apresurado a cumplir la sentencia de El Médano (Tenerife), que exige la demolición de una construcción asentada sobre la misma playa, y desde luego no estaría consintiendo las negociaciones entre el Gobierno central y la empresa Riu para que el hotel Tres Islas de Corralejo no corra el destino de la desaparición, tal como exige otra sentencia judicial reciente. Es decir, cuando hay voluntad política para resolver problemas derivados de sentencias judiciales, el Ejecutivo de Adán Martín hace lo que sea para evitar las demoliciones. Menos en este caso, lo cual es preocupante tratándose, suponemos, del mismo partido.

Que la cosa tiene trazas de vendetta, aviso a navegantes, favor a las huestes de Germán Suárez, se nota en la posición permeable de Domingo Berriel, de los distintos partidos políticos, en las 7.000 viviendas que el Gobierno Martín quiere legalizar en El Hierro situadas en paraje natural, en las otras 1.000 casas ilegales de Santa Cruz de Tenerife que recibirán el apoyo de la Administración, en las 30.000 autoconstruciones que el Ejecutivo prometió “ordenar” y cuyo “desorden”, por imperativo electoral (y humanitario), continuará hasta que se caigan por antiguas.

Al final dudo mucho que Mauricio y González tengan el propósito de dejar en la calle a veinte familias, y fomentar una suerte de alarma social en Telde con la que está cayendo. Pero acojonar, poner nerviosos a los que le tosen en esta su hora decadente, invitarlos a que callen, pacten, chantajearlos, esa es otra cosa y puede que sea el único objetivo real.