Urbanización Hoya Pozuelo (Telde) : recuperar el suelo público
El Ayuntamiento de Telde estuvo un año sin tomar medidas severas
contra los dúplex de Hoya Pozuelo
Antonio José Fernández
La Provincia.es
El Ayuntamiento de Telde hizo caso omiso a las graves infracciones detectadas en Hoya Pozuelo durante el mandato anterior, ya que tan sólo se limitó a no entregar a los compradores las cédulas de habitabilidad de los 26 dúplex que invaden suelo público y a informar al Gobierno de las anomalías registradas en la zona, eso sí, casi un año después de que los técnicos de la institución local abriesen un expediente de disciplina urbanística.
Así lo dio a entender ayer el actual concejal de Ordenación en la ciudad, Guillermo Reyes, quien acusó de forma directa al ex alcalde Francisco Santiago "de ser el protagonista de una negligencia, ya que era él el que controlaba este departamento" y "el que tenía que haber tomado otra serie de medidas tras constatarse que las casas se estaban edificando en suelo de dominio público".
Reyes mantuvo este jueves una reunión "inesperada" con el promotor de las residencias, Jaime Cortezo, quien le comunicó su propósito de "seguir luchando para evitar que se tiren las casas", declaró el munícipe a los medios tras negarse el empresario a hacer declaraciones.
"Él nos ha dicho que si finalmente no logra mantener los chalés en pie, se verá obligado a pedir una indemnización al Ayuntamiento porque cuenta con una licencia municipal y, además, en ningún momento se tomaron medidas drásticas contra el proceso de urbanización. Estima además que por cada dúplex que le derriben podría pedir hasta 300.000 euros, ya que lo previsible es que los propietarios le reclamen una compensación a él y él haga lo mismo con nosotros", afirmó.
El dirigente de AFV, quien apuntó que Cortezo le hizo entrega de la última sentencia dictada por el TSJC sobre este tema, manifestó su temor a que "todos los ciudadanos tengamos que hacer frente ahora a este problema por culpa de Santiago. Y es que lo único que hizo de interés el anterior grupo de gobierno fue firmar, por medio de Ildefonso Jiménez, un decreto el 7 de abril de 2000 para dejar en manos del Ejecutivo este proceso y desentenderse del todo".
MOVIMIENTOS. Los técnicos de Urbanismo seguían ayer con la redacción de un informe para tener al corriente a los afectados sobre el estado en el que se encuentra el litigio "y decirles qué es lo que puede hacer por ellos el Ayuntamiento. Intentaremos salvar las casas, no ya sólo por evitar un drama a los residentes, sino también por el problema económico que nos podría surgir, pero me gustaría que el resto de partidos digan públicamente por qué solución se decantan en esto", alegó.
Como se sabe, en octubre el Consistorio concedió otra licencia a Cortezo para edificar 87 chalés más en la zona, lo que dará forma a la cuarta fase tras una inversión de 6,2 millones en una superficie de 13.112 metros. Reyes dice que tiene "controlado" el hecho de que estas edificaciones no sobrepasen límites.
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