Defensa cede a Prisiones 101.629 metros en La Isleta
Canarias7.es 14/07/2006
EL AYUNTAMIENTO ANUNCIA QUE NEGARÁ LA LICENCIA DE OBRA AL MINISTERIO
J. Darriba / B. Tejada
Las Palmas de Gran Canaria
El protocolo firmado entre Defensa e Interior el pasado 9 de marzo supuso la cesión de 101.626,19 metros cuadrados de terrenos militares en La Isleta a Instituciones Penitenciarias, según confirmó ayer el concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Felipe Afonso El Jaber.
Son algo más de 10 hectáreas las que ha recibido la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios -la empresa pública encargada de ejecutar el plan de creación de centros penitenciarios en España- de manos del Ejército dentro del paraje natural de La Isleta. De esa superficie, según el edil Felipe Afonso El Jaber, unos 51.000 metros cuadrados son para la prisión y el resto, casi otro tanto, para viales.
Ni la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), ni Instituciones Penitenciarias, ni el Ministerio de Defensa quisieron facilitar ayer ninguna información sobre el protocolo. Lo único que se ciñeron a señalar fue que el protocolo entre Defensa y la SIEP se firmó el pasado 9 de marzo.
El que sí habló fue el responsable municipal de Urbanismo, quien adelantó su intención de parar la iniciativa con todas las armas que el Ayuntamiento capitalino tenga a su alcance. «Cuando pidan la licencia de obra, podremos negarla y cuando se apruebe el Plan Territorial será recurrible porque contraviene la Ley de Espacios Naturales de Canarias», explicó.
En noviembre, la SIEP aseguraba que no se haría nada sin contar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y explicaba que la obra no iba a alterar el espacio protegido de La Isleta.
El PSOE desmiente
El portavoz del grupo socialista, Arcadio Díaz Tejera, desmintió ayer las manifestaciones del Ayuntamiento asegurando que la prisión se ubicará en La Isleta. «Son inercias administrativas», señaló y explicó que «Instituciones Penitenciarias está haciendo su trabajo pero la decisión política ya se ha tomado. La Ejecutiva regional, el Comité Insular y el ministro del Interior ya establecieron el criterio y en Las Palmas de Gran Canaria no es», manifestó.
«Que no se termine de crear el problema»
El concejal de Gestión Urbanística del Ayuntamiento, Felipe Afonso El Jaber, aseguró ayer que no tiene «intención de montar una polémica, lo que quiero es que no se termine de crear este problema». El edil indicó que la prisión -provisional, según Instituciones Penitenciarias- de La Isleta no servirá para solucionar el problema de hacinamiento de Salto del Negro ni para traer a todos los canarios que cumplen condena fuera de las Islas y que cifró en unos 1.500.
La cárcel de La Isleta, según la información facilitada por la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) a fines del pasado año, tiene capacidad para alojar a unas 200 personas, si bien el proyecto del Ministerio del Interior era negociar una ampliación para alcanzar un número máximo de entre 300 y 400 plazas.
La inversión requerida para ello rondaba los 33 millones de euros, de los que una parte importante se destinarían a la compra del edificio al Ministerio de Defensa. El resto del dinero se iba a destinar a la reforma del edificio y a la habilitación de pequeños módulos residenciales.
Aparte de este dinero, los Presupuestos Generales del Estado contemplan 122 millones de euros para la segunda prisión de Gran Canaria.
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