La red de fiscales medioambientales roza el límite de su capacidad operativa

A finales del pasado mes de junio se presentaba en Granada la memoria, correspondiente al año 2005, de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía, organismo que viene operando en la comunidad autónoma desde 2003. En el balance que entonces se hizo destacaba el notable incremento en el número de investigaciones abiertas por delitos contra el medio ambiente, contra el patrimonio o contra la ordenación del territorio, lo que a juicio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía daba idea de la eficacia de esta herramienta.

JOSÉ MARÍA MONTERO.- EL PAÍS – ANDALUCíA 10-07-2006

Pero, al mismo tiempo, los propios fiscales de medio ambiente, por boca de su coordinador, Luis Carlos Rodríguez, advierten que "la situación real actual dista mucho de lo que nosotros quisiéramos para nuestro empeño". Como es lógico, la puesta en marcha de la red ha facilitado que afloren numerosos asuntos que antes pasaban desapercibidos para el Ministerio Fiscal, de manera que se ha multiplicado el trabajo y también las expectativas de los organismos públicos, las organizaciones no gubernamentales y los propios ciudadanos.

En resumen, y a la vista de los datos que se recogen en la memoria, Luis Carlos Rodríguez advierte, en este mismo informe, de "que está cerca el límite de eficacia si no se dota a la red de los medios materiales y humanos necesarios". El crecimiento en el número de asuntos incoados es más que evidente si se comparan los datos del pasado ejercicio con los de 2004. En el conjunto de Andalucía, y sin contar con la provincia de Córdoba (de la que no se ofrecen estadísticas en la memoria), se ha pasado de 344 asuntos incoados en 2004 a 546 en 2005.

Como se destacó en la presentación de informe, es más que notable el crecimiento de las actuaciones en el capítulo de ordenación del territorio, es decir, aquellas relacionadas con todo tipo de desmanes urbanísticos. En este capítulo casi se duplicaron las actuaciones en Málaga (de 32 a 59) y se triplicaron en Sevilla (de 37 a 100), aunque el aumento más significativo se produjo en Jaén (de 13 a 86).

Al mismo tiempo, hay provincias donde también se han multiplicado las diligencias relacionadas con posibles delitos contra el medio ambiente, como es el caso de Sevilla, donde se anotaron 43 actuaciones en 2004 y un año después pasaron a ser 86. La única provincia donde se ha registrado una disminución de la actividad fiscal en todas las materias que cubre la red (medio ambiente, patrimonio y ordenación del territorio) es Granada, que pasó de un total de 47 asuntos incoados en 2004 a 16 incoados un año después. En Jaén, que no registra una disminución en el cómputo global, sí que se anota una llamativa reducción de las diligencias relacionadas con la protección del patrimonio (de 40 a 4).

Como posible solución a esta sobrecarga de trabajo, el coordinador de la Red de Fiscales Medioambientales de Andalucía plantea una reforma "tan discutida como imprescindible", que no es otra que la aplicación de la exclusividad a aquellos fiscales especialistas que ahora integran la red y tratan de resolver estas cuestiones ocupándose, al mismo tiempo, de otros muchos asuntos.

Al mismo tiempo que se han multiplicado las actuaciones de las diferentes fiscalías en asuntos relacionados con el medio ambiente, también se han incrementado las intervenciones policiales en estas materias, tanto de la Guardia Civil como de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Junta de Andalucía.

A lo largo de 2005 el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil llevó a cabo en toda Andalucía casi 46.000 actuaciones, de las que se emitieron más de 3.000 informes y dieron lugar a un total de 432 detenidos. El grueso de las infracciones investigadas se distribuyeron entre los capítulos de caza menor (más de 10.000 intervenciones), sanidad animal y residuos urbanos (más de 5.000 intervenciones en cada uno). El apartado que motivó más detenciones (131) fue el de las infracciones relacionadas con obras y edificaciones de dudosa legalidad, seguido por el de los incendios forestales (121). Las infracciones que tuvieron la consideración de posible delito también se concentraron en estos dos capítulos.