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La Provincia, 8 de abril. Edición electrónica

El Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo de la administración
pública española, dictaminó ayer a favor del expediente de revisión
de oficio incoado por la Secretaría General de Transportes del
Ministerio de Fomento contra el sistema empleado por la Comisión
Mixta Puerto-Ciudad (Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de
la capital y Autoridad Portuaria de Las Palmas) para desarrollar
el concurso de ideas restringido sobre la operación urbanística
del istmo de Santa Catalina.

Esta decisión da luz verde al departamento
que dirige la ministra Magdalena Álvarez para anular el certamen.
La comisión permanente del Consejo de Estado resolvió la consulta
de Fomento, que había sido tramitada por la vía de urgencia en
marzo pasado, poco antes del mediodía. El dictamen fue resuelto
poco antes del mediodía por los ocho consejeros y el presidente
que forman el órgano, que inmediatamente remitieron el resultado
del mismo a la ministra.

La resolución, que Fomento hizo pública a media tarde, permite
al secretario general de Transportes del Ministerio, Fernando
Palao, responsable de la apertura del expediente de revisión
de oficio. A partir de este momento, ese departamento emitirá
un dictamen declarando que el procedimiento del concurso es "nulo
de pleno derecho".

CRÍTICAS. La resolución del Consejo de Estado, no sólo contesta
las alegaciones presentadas por las partes (los tres organismos
implicados, además de la Confederación Canaria de Empresarias,
la Cámara de Comercio de Las Palmas y el Círculo Mercantil),
sino que hace constar críticas a "determinadas actuaciones" de
la Autoridad Portuaria, a la que en todo caso considera responsable
de todo el procedimiento que procede anular.

El Consejo señala como "impropias" las actuaciones producidas
entre la Autoridad Portuaria y la Administración General del
Estado-Ministerio de Fomento, "a la que está adscrita dicho organismo,
y que resultan difícilmente compatibles con los criterios de
dependencia que conforman la organización administrativa y con
los principios de colaboración que deben informar las actuaciones
de las administraciones públicas".

Entre las conclusiones del Consejo figura el reconocimiento de
que "en la contratación, las Autoridades Portuarias deberán someterse
en todo caso a los principios de publicidad, concurrencia, salvaguardia
del interés del organismo y contratación en el sector público",
una de las cuestiones básicas del conflicto del istmo.