La isla sin ley

Juan Francisco Rodríguez Báez

No hace mucho, una ciudadana herreña se lamentaba de que, tras unas breves vacaciones, el tradicional camino de tierra que llevaba a su casa se lo habían asfaltado. El natural, integrado y sinuoso camino se lo habían llenado de negro piche. Y lo decía con un cabreo que entendí. ¿Con qué derecho el alcalde nos ha hecho ésto?. ¿Es que no tienen límite en aras de sus queridas elecciones?, se preguntaría ella. ¿Y por qué no me dejan respirar?, se preguntaría la tierra.

Tampoco hace tanto, un candidato conservador a nuestro Cabildo Insular afirmaba que ni Canarias ni Gran Canaria necesitaban de leyes ambientales. Claro, en una isla sin ley, todo valdría. Como posible constructor o gestor inmobiliario, el argumento se llegaría a entender en su egoismo más absoluto. Pero hay que detestar tanto a nuestra tierra para desear el abyecto destino que le desean algunos que no puedo sino lamentar el vergonzosamente denominado "voto útil". Curiosamente cuando el verdadero voto útil es el que cambia las cosas, no el que comulga con el desastre de nuestro entorno, de nuestra propia vida y de la que nos siguen.

Sin una correcta y honesta regulación sobre el territorio, ¿qué futuro nos espera?. El número de pistas aeroportuarias no tendría límite. Y lo que es peor, ¡sus terrenos anexos tampoco!. Los jugosos cinco millones de metros cuadrados por los que ahora se pelea (y si no le ponemos todos remedio, peleará) nuestra institución insular con AENA hacen del cabildo algo parecido a la Autoridad Portuaria. Y al ayuntamiento. Meros gestores inmobiliarios ventajistas, ya que lo hacen con dinero ajeno, dinero de todos los ciudadanos. ¡Qué desfachatez!.

Sin legislación de estricta aplicación, jamás llegará el agua a nuestras medianías en condiciones y precio dignos. Ni el precio de venta de los productos de nuestros agricultores, el adecuado. Qué aberrante sería que el cemento anegara lo poco que nos queda de espacio en nuestras costas por no ejecutar lo que a veces nos resulta papel mojado.
Sin un marco legislativo en ejecución real, asistiremos a nuestra Biafra particular. A la erosión de nuestros suelos por la nefasta gestión privada del agua y la cimentación de los ahora solares, antaño fincas. Veremos crecer bloques de veinte donde antes daban sombra castaños. De las higueras de las que nos caiamos de jóvenes saldrán y salen ahora vallas metálicas, cuando no muros de hormigón. Donde jugábamos al fútbol cuando íbamos al campo veremos polígonos industriales, algunos ya proyectados, en nuestros pueblos. Donde había vida, ahora, sencillamente, hay lechada.

Y lo más curioso es que en Canarias existe una cierta legislación para el territorio. Y unos planes insulares de ordenación. Y unos planes generales de ordenación urbana. Pero, ¿están cubriendo las necesidades de los canarios?. Y, lo que es más preocupante, ¿están cubriendo las leyes canarias las necesidades de nuestra tierra y nuestro medio de vida, que no es otro que nuestro entorno?.

En opinión del Partido Verde Canario, hay que empezar a regular algunos aspectos que, en nuestra opinión, están mermando nuestro futuro. Perdón, el futuro de las generaciones venideras. El agua, el suelo, nuestra naturaleza en general están asistiendo, aún regulados, a una degradación de la que somos pétreos coactores. Pero a todo esto hay que ponerle límites. Hay que encauzar el turismo, las nuevas infraestructuras viarias, los flujos de automóviles. Hay que replantear y gestionar los escasos recursos que tenemos e intentar hacerlos sostenibles, esto es, dar garantías de futuro a algo que de momento no las tiene.