La reestructuración de Medio Ambiente en el Gobierno de Canarias recorta el acceso a la información

CanariasAhora.com, 21-9-2004

La nueva estrategia diseñada por los rectores de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias para el acceso público a la información ambiental que, en teoría, debe facilitar el cumplimiento de la Directiva Europea 2003/4 de 28 de enero, la contradice, según un informe interno elaborado por los trabajadores del mencionado departamento del Ejecutivo al que ha tenido acceso CanariasAhora.

Mientras la mencionada directiva hace una interpretación amplia de lo que debe entenderse como información ambiental y la define como “toda información escrita, visual, sonora, electrónica o en cualquier otra forma material sobre el medio ambiente”, la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la consejería no contempla la dotación humana para “la gestión de la información audiovisual existente en la consejería y las bibliotecas especializadas en medio ambiente de los centros de planificación de La Laguna y Tafira”, según el mencionado informe.

El documento destaca que los centros de los referidos lugares de Gran Canaria y Tenerife poseen “uno de los fondos documentales más importantes” del Estado. El personal que gestiona ese importante banco de datos no escapa a la reestructuración impuesta.

El recorte en el acceso a la información se vislumbra además en la reducción del número de sedes del Servicio de Información. En la actualidad, dos centros prestan ese servicio, uno en Gran Canaria y el otro en Tenerife. Sin embargo, en el futuro el tinerfeño cerrará sus puertas quedando centralizada toda la información en la isla de Gran Canaria. “Parte del personal será enviado a otra consejería”, destaca el informe interno.

Ese cierre supone otra de las contradicciones atendiendo a lo dispuesto en la directiva de la Comunidad Europea, ya que ésta establece que “las autoridades públicas difundan y pongan a disposición del público general, de la forma más amplia posible, la información medioambiental”.

Los trabajadores destacan que la pérdida de personal en estos departamentos incide directamente en la calidad de la información que reciben los ciudadanos. De hecho, supone la eliminación de importantes servicios tales como “biblioteca, consulta de la base cartográfica de Grafcan y consulta, adquisición y préstamo de imágenes”.

La “degradación que ha venido sufriendo esta unidad de información” se ha prolongado durante los últimos años y las últimas medidas suponen “el punto y final”. Los trabajadores destacan que el proceso tuvo sus primeros capítulos en la “no renovación de equipos y materiales y encargos esporádicos de trabajos, mientras en paralelo se hacen adjudicaciones a empresas privadas”.

Como muestra, destacan la adjudicación de un trabajo a una empresa que no obtuvo la mejor calificación, a pesar de que ya la jefa de servicio de Contratación Administrativa había presentado “como propuesta de resolución” el encargárselo a la sociedad que logró la mejor nota.

Cinco técnicos especialistas en comunicación ambiental e información audiovisual perderán su plaza, lo que hace temer a los trabajadores que se “trate de una vía para facilitar la contratación de estos servicios a determinadas empresas privadas”.