Hogares fuera de la ley

Diario de Avisos, 16-5-2004

Ante la escasez de territorio y los altos precios de los pisos, miles de canarios construyen su casa en suelo rústico. La construcción de casas ilegales continúa siendo uno de los principales problemas sociales y urbanísticos de Canarias. Los esfuerzos puestos en marcha por las administraciones local y autonómica y con gobiernos de distinto signo político no han servido para frenar, o al menos visiblemente, la creencia tradicional de que el que tiene una finca y construye una casa en ella no será sancionado, independientemente de la calificación de ese suelo.

Los principales motivos que han conducido a esta situación de colapso son varios. A la escasez de territorio en una comunidad autónoma formada por islas, una orografía escarpada y el aumento de población por la llegada de inmigrantes -comunitarios o no-, se suma un alto precio de las viviendas y los alquileres, los bajos sueldos y la utilización que han hecho muchos ayuntamientos de la concesión de las licencias, sirviéndose de ellas como una prerrogativa de gracia o a cambio de otros favores.

En la actualidad, miles de canarios se construyen una vivienda en suelo rústico aún a sabiendas de que incumplen la ley, pero confiando en que la "lotería del derribo" no toque a la puerta de su hogar. La situación actual es tan injusta que canarios que viven pared con pared pueden ser testigos de cómo la pala de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural echa abajo su casa, mientras que la del vecino se salva.

La primera medida para controlar el crecimiento de este tipo de viviendas se tomó en 1997. Con anterioridad a esta fecha, las construcciones en suelo rústico gozaban de cierta impunidad, amparada además en la inexistencia de planeamiento urbanístico en la mayoría de los municipios.

Ese año, la Consejería de Política Territorial, bajo la dirección de María Eugenia Márquez, elaboró un censo en el que se inscribieron 30.000 casas ilegales. Obviamente, era mucho mayor la cifra, que podría rondar las 60.000 edificaciones; el número que recogía el censo únicamente se refería a aquellas construcciones que tenían alguna posibilidad de ser legalizadas, entre ellas, las que llevaban cuatro años construidas.

Sin embargo, quedaban fuera del catálogo las ubicadas en espacios naturales, en dominio público (por ejemplo, invadiendo una carretera) o en los cauces de los barrancos.

El censo de Márquez y la decisión de no permitir ni una casa más de este tipo no logró impedir que continuara el desarrollo incontrolado en las Islas. Quizás ello se debiera a que la decisión de controlar el desarrollo urbanístico no viniera avalada por un alza en los sueldos o el abaratamiento de los pisos.

Dada la magnitud que adquiría el problema y teniendo en cuenta que el Código Penal de 1995 tipificaba como delito las infracciones urbanísticas, en 1999 el Parlamento de Canarias creó la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. El organismo estaba formado por representes de los cabildos, los ayuntamientos y el Gobierno regional. Se erigía en una especie de "policía" para controlar este fenómeno.

No obstante, los cabildos y los ayuntamientos seguían teniendo la potestad de otorgar licencias, mientras, paradójicamente, eran miembros de la institución que ejecutaba los derribos.

El maremágnum legislativo se intentó "ordenar" a través del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, del Texto Refundido de las Leyes del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias. La norma quiso ser el "punto y final" de las irregularidades en suelo rústico, y el mecanismo para permitir la legalización de las que ya estaban hechas se plasmó en la Disposición Adicional Primera. Este precepto dejaba fuera de ordenación las casas censadas en el catálogo de 1997 y que fueran destinadas a uso residencial, agrícola o ganadero, además de cumplir condiciones de seguridad y estabilidad. Los planeamientos municipales tenían que tener en cuenta esta Disposición Adicional.

Sin embargo, la Ley 1/2000 no sirvió tampoco de "punto y final". Según explica a este periódico el director de la Agencia, Pedro Gómez, a día de hoy, este organismo tiene abiertos más de 7.000 expedientes de construcciones en suelo rústico, de las que, según su estimación, 4.000 son susceptibles de legalización y el resto habría que derribarlas.

Pedro Gómez recuerda que hasta hace 10 años en Canarias la gente construía con permisos "verbales", sin que ésto causara mayor alarma. "Ahora es distinto, ya que las Islas han adquirido un atractivo particular para europeos y americanos; vivir aquí es más barato y tenemos mejor clima, por lo que se considera que tener una casa en Canarias es un chollo". "Todo esto ha llevado a pensar que si tienes un terreno, aunque sea rústico, y no construyes eres tonto", apunta. El director de la Agencia explica que esta idea no se puede mantener, porque "no tenemos suelo para exportar. De seguir así, se construirá hasta en el Teide".

Así las cosas, Gómez aboga por aplicar la ley y ordenar el derribo de las construcciones ilegales que existan actualmente. "Si el Parlamento cambia de opinión, se respetará su decisión y ya veremos hasta dónde podremos construir, pero, por ahora, las viviendas ilegales se derribarán sea quien sea el propietario".

En cuanto al papel de los ayuntamientos, Gómez recalcó la diferencia entre los distintos municipios y puso de relieve que la "inmensa mayoría de los alcaldes respeta la legalidad". Además, los municipios tienen la opción de quitarse de encima este problema al consorciarse con la Agencia, lo que implica que queda en manos de ésta última la responsabilidad.

No obstante, a muchos ayuntamientos no les convence esta vía porque supone la invasión de las competencias municipales y este es el único argumento al que aluden públicamente, aunque podrían existir otros.

El presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Ramón Miranda, explicó a este periódico que la Agencia trabaja a menudo sin consultar la opinión del municipio donde se encuentra una construcción ilegal. Con ello se refiere a que, aunque exista una ley, el ayuntamiento conoce muchas veces mejor la realidad social de cada familia. "Hay que revisar la trascendencia social de cada caso y colaborar más".

Miranda rechazó de plano que siempre se culpe a los alcaldes de este problema. "Parece que somos los culpables de todo, cuando en realidad lo que intentamos es ayudar a los vecinos", argumentó.

Pedro Gómez recalcó que la Agencia del Medio Urbano y Natural tiene un papel de control a posteriori, y no una evaluación de los planeamientos municipales elaborados por los ayuntamientos. Esto quiere decir que cuando un ayuntamiento elabora un mapa en el que resalta a simple vista la calificación como urbana de una zona rodeada de otra rústica, la Agencia no puede hacer nada. "Nosotros no podemos intervenir, ni siquiera cuando a un solo vecino se le califica su suelo de urbano, mientras a todos los que están alrededor el terreno se les ha calificado como rústico", aseguró el experto y añadió que su papel es de "policía", de controlador de "lo que ya está mal hecho".

Proposición no de ley

Con muy buena intención para arreglar todo este desaguisado, el Partido Socialista Canario en el Cabildo de El Hierro presentó en esta institución una Proposición No de Ley (PNL) que, entre otras cuestiones, propone una "amnistía general" para todas las casas en suelo rústico anteriores a abril del 2003, fecha en la que se aprobó la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias, más conocida como la Ley de las Directrices.

Haciendo uso de la iniciativa legislativa que el Estatuto de Canarias concede a los Cabildos, esta semana estaba previsto el debate de esta propuesta en la Cámara. Al final fue aplazado, dado que ni las Islas, ni los partidos se ponen de acuerdo en su articulado. La proposición no de ley no es del gusto de todos, dado que es interpretada por algunos como un llamamiento a la construcción ilegal.

El director de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural está en contra de la propuesta porque, como afirma, "no se puede conceder una nueva amnistía cada cinco años". Sostiene que de esta forma la idea que queda en los canarios es la de "construye que ya te lo legalizarán".

El parlamentario de El Hierro, José Francisco Armas, por su parte, defiende la iniciativa legislativa. En su opinión, las únicas que deben seguir derribándose son las que se encuentran en barrancos, en espacios naturales protegidos y y en dominio público. Al igual que el alcalde de Garachico, apunta que las casas en suelo rústico esconden detrás un problema social que no debe tratarse de la forma que se está haciendo actualmente. "La administración ha sido incapaz de bloquear esta avalancha de casas ilegales. No habrá gobierno que las derribe. Se cogerán a cinco o diez como conejillo de indias y eso no es justo", sentenció.

Otro argumento de José Francisco Armas es que, en realidad, son pocas la casas ilegales en Canarias que han sido construidas en paraje natural o en barrancos; la mayoría, el 90% según su estimación, están ubicadas en suelo rústico. Esto demuestra que los canarios no construyen para incumplir la ley o invadir espacios idílicos, sino por pura y simple "necesidad".

La propuesta de El Hierro concreta que se dejarán fuera de ordenación las que estén construidas antes de abril de 2003. Las que se estaban construyendo quedarían paralizadas y la administración definirá su forma de finalización.

Armas no comparte que la amnistía para las casas ilegales esconda además una amnistía para los alcaldes incumplidores. "Ese no es el debate, no se trata de encubrir a nadie, sino de arreglar el problema", aseguró.

Muchos de los casos de construcciones ilegales ya han llegado a los juzgados. Antes podían recurrir hasta el Tribunal Supremo, pero en la actualidad el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) es la última instancia.

Fuentes de la Sala de lo Contencioso Administrativo en Tenerife del TSJC afirmaron a este periódico que para enjuiciar estos casos no existe ningún vacio legal. Creen que la Ley 1/2000 es bastante clara al respecto y añaden que una nueva normativa tendría que aportar algo novedoso. Desde el Tribunal Superior se apunta que hubo una época de demasiada permisividad y que se actuó tarde para atajarla.

Al juzgado llegan recursos de todo tipo. El caso de la explotación lucrativa es poco frecuente. Los constructores "no arriesgan su dinero edificando en suelo rústico". El más común de los procesos de este tipo es el de la ‘casita’ para vivir. El de la pareja joven que contrae matrimonio y construye en la finca de su padre o de su suegro. Pero también intentan buscar amparo en la Justicia los que se han hecho el chalé con piscina sin licencia.

Los recurrentes son tanto canarios como extranjeros. Estos últimos alegan desconocer el ordenamiento jurídico y se ajustan más al perfil de los propietarios del chalé de lujo. Pero "el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento". El TSJC no tiene en cuenta las condiciones sociales o familiares de los recurrentes. No pueden entrar en este tipo de valoraciones "porque sólo aplicamos la ley".

De aprobarse la propuesta del Partido Socialista en la Cámara regional, los pleitos que están en curso quedarían archivados por "pérdida del objeto del recurso", es decir, no existe legalidad incumplida. Los que ya tengan sentencia de ilegalidad y orden de derribo también quedarían "salvados" por "imposibilidad de ejecutar la sentencia", explicaron las fuentes.

Desde el ámbito judicial se aprecia un caos tanto en la concesión de las licencias como en el control de las casas y su posible derribo. Consideran que son muchas las administraciones implicados y que el afectado no sabe con claridad hasta dónde puede llegar y cuáles son las verdaderas reglas del juego.

Para hacer frente a este laberinto, recomiendan la creación de una ventanilla única a la que pudiera acudir el ciudadano para informarse de los pormenores urbanísticos y administrativos de su proyecto de hogar.

En estos momentos, los políticos son los que pueden "mover ficha", pero el debate parlamentario se ha aplazado una vez más. Aplicando la buena fe, se podría pensar que quieren estudiar a fondo este complicado galimatías de las casas ilegales en el Archipiélago. Pero, por si alguno quiere aplicar la mala fe, se podría llegar a pensar que a muchos no les interesa poner fin al problema.

La primera medida para controlar el crecimiento de este tipo de viviendas se tomó en 1997. Con anterioridad a esta fecha, las construcciones en suelo rústico gozaban de cierta impunidad, amparada además en la inexistencia de planeamiento urbanístico en la mayoría de los municipios.