Lección de coherencia

Juan I. Jiménez Mesa

La organización ecologista Ben Magec, la más activa de las entidades de este tipo, ha presentado una denuncia contra la proposición de ley del Cabildo de El Hierro sobre viviendas ilegales. Es una grata sorpresa comprobar que algunos dirigentes ecologistas han sido capaces de superar el complejo de populismo demagógico que suele acompañar sus declaraciones, porque la acción depredadora contra el paisaje y el entorno natural es atribuida casi siempre, como una matraquilla inseparable, a intereses económicos especulativos de grandes grupos inmobiliarios, pero eso, en el caso de Canarias, no es del todo cierto. Primero porque los grandes grupos detentadores de suelo son algo muy reciente, producto de la concentración en la última década, y segundo, pero principal, porque las acciones individuales dañan mucho más por su dispersión geográfica y por su absoluta falta de respeto a la legislación, incluidas las disposiciones sobre cargas urbanísticas, que en este caso no existen.

El urbanizador, aunque presione a las autoridades para conseguir ventajas, se somete a la norma y no arriesga su capital en operaciones de flagrante ilegalidad, entre otras cosas porque tiene miedo a una orden de paralización de las obras. El pequeño trasgresor que construye donde le da la gana arriesga también su dinero, el poco o mucho que tenga, pero lo hace a sabiendas de que, si le paran, es sólo cuestión de tiempo y oportunidad. Y además, lo que se ahorra en cesiones de suelo y aprovechamiento le compensa, con margen suficiente para sobornar, si se dejan, a los responsables municipales de disciplina urbanística. Aunque en la mayoría de los casos ni siquiera hace falta: basta con esperar a que haya elecciones locales. Los candidatos necesitan entonces sus votos y hacen la vista gorda ante la llegada de los bloques y el cemento. Por eso, la venta al detalle de materiales de construcción aumenta extraordinariamente en las Islas justo en los meses anteriores a una convocatoria electoral.

Tal vez es esa dependencia del voto lo que hace que, tanto el Cabildo de El Hierro como muchos de los diputados regionales, vean con buenos ojos una segunda amnistía a los constructores de viviendas ilegales. Lo presentan como atención a excepciones de primera necesidad, pero eso no es del todo cierto. Al contrario, las investigaciones de Ben Magec corroboran lo que todos sabemos y es que en muchos casos se trata de segundas residencias y de inmuebles destinados al arrendamiento, y en otros, un intento de ahorrar costes derivados de la normativa urbanística. Por
mucho que intenten explicarlo con recursos a la demagogia, no tiene sentido que los dirigentes políticos se dediquen por un lado a paralizar y entorpecer el crecimiento regulado y por otro a consentir que los infractores se salgan con la suya. Mejor dicho, puede que tenga sentido la doble actitud, puesto que en ambos casos sólo sirve para que esos mismos dirigentes políticos ganen poder, influencia y lo que caiga.

El mismo día en que Ben Magec presentaba su denuncia contra la legalización de viviendas "autoconstruidas", se conocía la demanda interpuesta por los propietarios de Veneguera, la zona del suroeste de Gran Canaria cuyas perspectivas de urbanización turística quedaron truncadas como consecuencia, precisamente, de una proposición de ley aprobada por el Parlamento Canario. En aquella ocasión, en el 2003, la proposición fue secundada, y diría que jaleada, por algunos partidos y organizaciones que hoy parecen consentir y aprobar miles de pequeñas ilegalidades de consecuencias mucho
más graves para el paisaje y el entorno natural.

Al menos Ben Magec les está dando una lección de coherencia.