Organizaciones sociales piden a las Administraciones un consumo responsable de madera y papel
El Mundo, 13-5-2005
MADRID.- La tala ilegal e insostenible de árboles vuelve a preocupar a las ONG españolas de ayuda al desarrollo, ecologistas y sindicatos. A este problema, se suma el escaso interés de las Administraciones públicas españolas, "grandes consumidores de madera y papel, por evitar ser cómplices de la mayor amenaza de los últimos bosques primarios del planeta".
La tala ilegal contribuye a la deforestación, es causa de pérdida de biodiversidad y quebranta el cumplimiento de la ley. Además, arruina los esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimula la corrupción y la evasión fiscal y reduce los ingresos de los países productores afectando a millones de personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos.
Según estimaciones del Banco Mundial, las talas ilegales y su mercado asociado suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español, pues el 15,8% de las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales.
La propia Unión Europea, consciente de la magnitud de este problema, ha puesto en marcha un proceso, FLEGT, para detener el comercio ilegal de madera a la vez que recomienda a sus estados miembros que desarrollen políticas de compra verde de productos forestales, pero a pesar de estas iniciativas las Administraciones públicas españolas siguen ignorando su responsabilidad como consumidores.
Las organizaciones firmantes están especialmente preocupadas porque la inmensa mayoría de las Administraciones públicas, cuyas compras en madera y papel equivalen al 18% del consumo total de este mercado, desconocen el origen de estos productos y no cuentan con instrumentos para evitar que, en sus obras y servicios, se utilicen productos forestales extraídos de forma ilegal o insostenible.
Una posible solución
A la vista del importante peso relativo de las compras públicas en el conjunto del mercado forestal español, las organizaciones consideran que "las Administraciones públicas son la pieza clave para revertir la tendencia actual de un consumo irresponsable que arruina los principios de la sostenibilidad en los ecosistemas forestales de todo el mundo".
Por ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, solicitan a las Administraciones públicas que tomen urgentemente medidas consistentes en el desarrollo y aplicación de políticas de compra responsable de madera y papel en las que se de prioridad a los productos certificados por sistemas creíbles. Como por ejemplo, el FSC (Forest Stewardship Council), -único sistema de certificación forestal que proporciona una verificación independiente y creíble de la buena gestión de los bosques-. También piden que rechacen los productos cuyo origen es ilegal, insostenible o desconocido.
Entre las organizaciones firmantes están: Setem, WWF/Adena, Greenpeace, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o Intermón Oxfam, entre otras.
MADRID.- La tala ilegal e insostenible de árboles vuelve a preocupar a las ONG españolas de ayuda al desarrollo, ecologistas y sindicatos. A este problema, se suma el escaso interés de las Administraciones públicas españolas, "grandes consumidores de madera y papel, por evitar ser cómplices de la mayor amenaza de los últimos bosques primarios del planeta".
La tala ilegal contribuye a la deforestación, es causa de pérdida de biodiversidad y quebranta el cumplimiento de la ley. Además, arruina los esfuerzos de la gestión forestal responsable, estimula la corrupción y la evasión fiscal y reduce los ingresos de los países productores afectando a millones de personas que habitan y dependen de los bosques y sus recursos.
Según estimaciones del Banco Mundial, las talas ilegales y su mercado asociado suponen, a los países productores, pérdidas anuales de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares, de los que entre el 4,2 y el 6,2% se deben al impacto del consumo español, pues el 15,8% de las importaciones españolas de madera proceden de regiones donde las talas ilegales son prácticas habituales.
La propia Unión Europea, consciente de la magnitud de este problema, ha puesto en marcha un proceso, FLEGT, para detener el comercio ilegal de madera a la vez que recomienda a sus estados miembros que desarrollen políticas de compra verde de productos forestales, pero a pesar de estas iniciativas las Administraciones públicas españolas siguen ignorando su responsabilidad como consumidores.
Las organizaciones firmantes están especialmente preocupadas porque la inmensa mayoría de las Administraciones públicas, cuyas compras en madera y papel equivalen al 18% del consumo total de este mercado, desconocen el origen de estos productos y no cuentan con instrumentos para evitar que, en sus obras y servicios, se utilicen productos forestales extraídos de forma ilegal o insostenible.
Una posible solución
A la vista del importante peso relativo de las compras públicas en el conjunto del mercado forestal español, las organizaciones consideran que "las Administraciones públicas son la pieza clave para revertir la tendencia actual de un consumo irresponsable que arruina los principios de la sostenibilidad en los ecosistemas forestales de todo el mundo".
Por ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, solicitan a las Administraciones públicas que tomen urgentemente medidas consistentes en el desarrollo y aplicación de políticas de compra responsable de madera y papel en las que se de prioridad a los productos certificados por sistemas creíbles. Como por ejemplo, el FSC (Forest Stewardship Council), -único sistema de certificación forestal que proporciona una verificación independiente y creíble de la buena gestión de los bosques-. También piden que rechacen los productos cuyo origen es ilegal, insostenible o desconocido.
Entre las organizaciones firmantes están: Setem, WWF/Adena, Greenpeace, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra o Intermón Oxfam, entre otras.
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