El negocio energético en Canarias.

Artículo de opinión de Antonio Hernández Rodríguez (Ecologistas en Acción-Canarias).

El negocio energético en Canarias.

La pretensión del Gobierno autónomo de introducir el gas natural en Canarias ha planteado la supuesta necesidad de construir un puerto en Granadilla (Tenerife) y ampliar el ya existente en Arinaga (Gran Canaria), en cuyas inmediaciones se ubicarían sendas plantas de regasificación. Para el autor de este artículo, ambos proyectos son muy cuestionables desde el punto de vista ambiental y de la eficiencia energética, pues existen alternativas menos costosas para el entorno y más acordes con una práctica política honesta.

El Gobierno de Canarias pretende construir dos plantas de regasificación para la introducción del gas natural licuado (GNL) en las islas de Gran Canaria y Tenerife. Un combustible que se utilizará en las centrales de Granadilla (Tenerife) y el Barranco de Tirajana (Gran Canaria), para el funcionamiento de estas instalaciones. Según la Administración pública canaria, ambas precisan de la construcción de un macropuerto en Granadilla y la ampliación del ya existente en Arinaga. Estos puertos oscilan entre los 6 kilómetros proyectados para el primero y los 2,2 kilómetros para el segundo.

El GNL es un combustible que en origen se encuentra en formato gaseoso y se licúa a menos de 176 grados centígrados, para así poder transportarlo y enviarlo a su destino. Se trata de un combustible que tiene que ser trasladado en barcos metaneros. Posteriormente se regasifica y se envía a las centrales donde vaya a utilizarse.

Es un combustible que está actualmente en expansión. Argelia es uno de los grandes productores de ese gas, que cumple una función imprescindible; por ello, existen grandes puntos de distribución y reservas cercanos al Archipiélago. Además, en comparación con el petróleo, el GNL es menos contaminante; pero no es un combustible limpio, que es lo que ha vendido el Ejecutivo canario que preside Adán Martín Menis.
La introducción del GNL en Canarias supondrá una inversión de 360 millones de euros para cada una de las dos plantas que se piensa construir en Tenerife y Gran Canaria. No se incluyen aquí las inversiones anuales con las que contarán esas plantas, así como la construcción de los macropuertos de Granadilla y Arinaga, cuyo costo supera con creces estas cantidades. Gasificadora Regional de Canarias S. A., bajo su denominación comercial de GASCAN, es la empresa promovida por el Gobierno de Canarias para transportar el GNL y regasificarlo en destino.
Posteriormente, se enviaría a las centrales de ciclo combinado instaladas en el Barranco de Tirajana y en Granadilla, que GASCAN venderá a Unelco-Endesa para la producción de electricidad. GASCAN es una sociedad presidida por José Carlos Mauricio, en su calidad de consejero de Economía y Hacienda, y participada por Unelco-Endesa, con el 73,9%; Sodecan, empresa pública de la comunidad autónoma, con el 21,5%; Caja Insular de Ahorros de Canarias, con un 2,3%, y Caja General de Ahorros de Canarias, también con un 2,3%.

Este combustible no se explotará en las centrales de Caletillas (Tenerife) y Jinámar (Gran Canaria) debido a los elevados costes que supondría la construcción de los gaseoductos y el impulso del GNL hasta estas instalaciones, que seguirán empleando gasóleo y fuel, como actualmente, puesto que no tienen instalados los ciclos combinados y no existe intención de hacerlo. Hay que indicar que Jinámar y Caletillas están entre las centrales eléctricas más contaminantes de toda la Unión Europea, dentro de su tipología, debido a su antigüedad. Sin embargo, hay que mencionar que Unelco-Endesa invierte gran cantidad de recursos en su programa medioambiental, básicamente en los cambios de filtros de estas centrales. No obstante, resultan absolutamente insuficientes. Un ejemplo claro pero poco tratado lo constituyen los estudios epidemiológicos de enfermedades cardio-respiratorias realizados en Jinámar, donde los vecinos que padecen estas patologías han protestado en multitud de ocasiones, incluso ante el pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, debido a las afecciones provocadas por las emisiones de la central térmica.

Alternativas a los puertos

La necesidad de construir ambas infraestructuras portuarias para la entrada del gas natural en Canarias ha generado un amplio debate en las Islas. El ex presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz y profesor de la Universidad de La Laguna, Pedro Anatael Meneses; el catedrático de Ingeniería de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Roque Calero, o el profesor de la Universidad de A Coruña y asesor del Ayuntamiento de El Ferrol –donde se proyecta instalar una planta similar–, Manuel Afonso Amorín, entre otros, discuten abiertamente los postulados públicos.

El diseño de un sistema de boyas con membranas especiales de acero u otros materiales, mecanismo empleado en la actualidad para la introducción de otros combustibles líquidos en las Islas; la realización de una infraestructura basada en “duques de alba” para la descarga del GNL, la instalación off-shore para la misma función, o finalmente la introducción del gas natural, transformado en origen en diesel sintético o gas to liquid (GTL), que además serviría para el transporte a través del mencionado sistema de boyas, constituyen alternativas efectivas a la construcción de los dos macropuertos proyectados y la instalación de las plantas de regasificación, si éstas fueran necesarias.

Las movilizaciones al respecto han sido de las más importantes de Canarias y han llegado a producir un profundo enfrentamiento entre la alianza político-empresarial que impulsa las nuevas infraestructuras y la sociedad civil de Tenerife, principalmente. La manifestación del pasado 27 de noviembre en Santa Cruz de Tenerife, que reunió a unas 100.000 personas, es un fiel reflejo de ello. También han tenido cierta importancia el debate y la movilización en el caso de Gran Canaria, que es al que principalmente se refiere el presente artículo.

La cercanía de la planta proyectada en Gran Canaria a núcleos poblacionales como Arinaga o Pozo Izquierdo, los enormes impactos ambientales y los incumplimientos de las distancias de seguridad impuestas en el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (RAMINP), constituyen los principales impactos e incumplimientos legislativos, aunque no son los únicos. La sentencia RJ 2004/1562, de 1 abril, emitida por la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, viene a amparar y a reconocer las demandas de Ben Magec-Ecologistas en Acción en sus alegaciones iniciales y las sugerencias solicitadas a nuestra organización por el propio Ministerio de Medio Ambiente, y presentadas ante él.

El RAMINP exige que haya 2.000 metros de distancia de seguridad de este tipo de centrales con respecto a un núcleo poblado, mientras que las recomendaciones hechas por el Instituto Tecnológico de Massachusetts establecen una distancia de 1.605 metros. El proyecto de Gran Canaria está planteado a 1.200 metros de distancia de Arinaga y cuenta con la consiguiente oposición de una parte importante de su población.
Si estudios energéticos demostraran la necesidad de la introducción del gas natural en Canarias, la instalación de la planta de gas en un lugar próximo a la central sería una de las mejores alternativas. Aun así habría que seguir oponiéndose a la ampliación del puerto de Arinaga, para evitar los impactos ambientales en sebadales, en colonias costeras, en el Área Importante de Aves (IBA 351, Castillo Romeral-Arinaga), otorgada por la Sociedad Española de Ornitología (SEO), y en la Bahía de Formas y Pozo Izquierdo. Por último, cabe añadir que también pone en peligro el proyecto de desarrollo sostenible elaborado por Roque Calero para la Mancomunidad de Municipios del Sureste de Gran Canaria, y lógicamente, no evalúa las oportunidades perdidas del mencionado plan (*).

Un modelo energético para Canarias

Con todo, la reflexión fundamental que debe hacerse es qué modelo energético se persigue con la entrada del gas natural en el Archipiélago y a qué modelo energético, guiado por criterios de sostenibilidad y eficiencia, debiéramos aspirar los habitantes de las Islas.

Los combustibles fósiles –petróleo, gasolina, gasóleo, aceites y gases licuados del petróleo, butano y propano, principalmente– tienen dos grandes inconvenientes. Por un lado, son los principales causantes del cambio climático del planeta y, por otro, las reservas existentes, que no los recursos, dan un margen de uso y duración de 30 a 40 años, al ritmo de consumo actual. Por tanto, no se refleja un aumento de la demanda en esas estadísticas. Antes bien, algunos expertos auguran ya la llegada de una crisis energética.

Conviene recordar que Canarias posee un aumento de la demanda de energía del 7% al 9% interanual, que la introducción del gas natural no corregirá, sino que seguirá permitiendo. Se descarta, asimismo, la utilización de la energía nuclear para producir electricidad debido a los residuos que produce y a la peligrosidad que comportan las centrales nucleares. En nuestra opinión, el modelo energético propuesto para Canarias es insostenible, ahonda en la dependencia energética del exterior y en la dependencia de multinacionales como Endesa. Los sectores estratégicos, como el energético, deben estar en manos públicas y capital canario medio, no en manos de Lopesan, Germán Suárez, Hermanos Domínguez u otros grandes dinosaurios de la economía canaria, que tienen en José Carlos Mauricio su principal valedor.

El modelo energético para el futuro debe explotar las fuentes energéticas renovables para cumplir el Protocolo de Kyoto, y las endógenas para lograr así mayor independencia económica del exterior. Canarias puede y debe alcanzar las máximas cotas de independencia energética del exterior, hito que no se ha logrado por ausencia de una voluntad política mayoritaria que permitiera al Archipiélago llegar a estos objetivos. Sin embargo, existen en las Islas algunas experiencias ejemplares: El Hierro ha puesto en marcha el “100% renovable”, un proyecto que permitirá a la isla independizarse del exterior en producción de electricidad. El ahorro energético, la instalación de una central hidroeólica o la inyección de energías renovables en la red serán los mecanismos que se emplearán para lograr dichos objetivos y producir, mediante energías renovables, entre el 80% y el 100% de la electricidad necesaria. La Palma posee una central hidráulica que se pretende ampliar en estos momentos.

En Gran Canaria, la federación Ben Magec-Ecologistas en Acción ha sugerido al Ministerio de Medio Ambiente adoptar las siguientes medidas (muchas de ellas son válidas también para la isla de Tenerife):

1. Potenciación del ahorro energético, a través del cambio de luminarias más eficientes, entre otras fórmulas: 10%-15%.
2. Construcción de una central de hidrobombeo o hidroeólica (Chira-Soria) en Gran Canaria: 5%.
3. Creación de estaciones de energía solar fotovoltaica e instalación masiva: 10%-15%.
4. Instalación masiva de agua caliente sanitaria, mediante energía solar térmica: 1%-2% y un 30%-40% en ahorro de butano.
5. Aislamiento de la red de las plantas desaladoras e impulso de la energía eólica: 10%-15%.
6. Impulso de medidas que disminuyan las emisiones realizadas por el transporte público y privado. El cambio de combustibles, la tipología de los transportes (paso a sistemas híbridos) y la puesta en marcha de vehículos accionados por vectores energéticos sostenibles, como el hidrógeno producido a partir de energías renovables, podrían constituir algunas de esas medidas que han de implantarse para alcanzar tales objetivos.

Como conclusión, creemos que Canarias debe alcanzar sus máximas cotas de independencia energética del exterior a partir de energías renovables, aprovechando sus fuentes endógenas. Asimismo, se deben realizar los pertinentes estudios que hagan viable un futuro modelo energético sostenible, potente, con la máxima independencia del exterior y con proyección de futuro. Es necesario buscar para las plantas de regasificación, si finalmente son necesarias, lugares próximos a las centrales, distantes de los núcleos poblacionales y con infraestructuras tipo off-shore o mediante la realización de “duques de alba” que aminoren los efectos de dichas plantas.

También es preciso enterrar o semienterrar los depósitos de las plantas de regasificación, para minimizar los impactos paisajísticos y mejorar las condiciones de seguridad de las plantas de gas. Y todo esto en un contexto de participación de entidades públicas y medianos empresarios en la sociedad GASCAN, con el objeto de contribuir a acabar con el oligopolio político-empresarial que actualmente gestiona el asunto energético en las Islas.

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(*) Existe una presentación de este proyecto en la red cuya dirección es www.soin2000.com/rcalero/opcion03/contenidos/msgcds/index.html.