El Tribunal Superior de Justicia anula el Plan Insular de Lanzarote

Canarias7 - 17/09/2005
Nuevo palo del TSJC a la moratoria, ahora por no indemnizar
EL TRIBUNAL ANULA EL DECRETO QUE SUSTENTA AÚN EL PLAN TERRITORIAL


Arrecife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) considera que la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), que se aprobó definitivamente en mayo de 2000, ofrece carencias que dañan los intereses de promotores del sur de la Isla. Por ello, vuelve a fallar en contra de los pilares de la moratoria al crecimiento turístico.

En concreto, desde la Sala de lo Contencioso del TSJC se atiende al recurso interpuesto por las firmas Construcciones Mardo y Riversun Inmuebles, con intereses en explotaciones de Playa Blanca, en la zona de San Marcial del Rubicón. Se alude a que las acciones de Ejecutivo y Cabildo no establecieron indemnizaciones posibles por la pérdida de derecho edificatorios de los promotores, con lo que se reincide en la base de otras sentencias en el mismo sentido contrario a la limitación de crecimiento que se fijo dentro del PIOT.

En la sentencia, comunicada a las partes en estos días, no se hace pronunciamiento sobre las costas del proceso, «al no apreciarse temeridad o mala fe procesal de las partes», con lo que no se cierran puertas a la Administración a la hora de presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). Desde el Cabildo se entiende que este tipo de sentencias deben casarse, vistos los precedentes.

A nivel público se sostiene que no es preciso hacer un plan extremadamente detallado de las posibles indemnizaciones a pagar, al entenderse que este aspecto debe estudiarse, caso a caso, a posteriori. En este orden se considera que sólo hay que pagar por los derechos urbanísticos mínimos y no por el dinero que el promotor supuestamente dejará de ingresar al verse privado de construir.

FCM. Cabe recodar que los posicionamientos de Gobierno y Cabildo tienen respaldo de la Fundación César Manrique (FCM), que de hecho es parte activa en la defensa de la moratoria en los procesos judiciales abiertos en los últimos años.