El Gobierno aplazará la caducidad de las licencias turísticas para evitar más camas

El Gobierno aplazará la caducidad de las licencias turísticas para evitar más camas

La Provincia.es
Las Palmas de gran canaria

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio, se ha comprometido con los empresarios turísticos a tramitar un aplazamiento de la caducidad de las licencias de construcción de establecimientos hoteleros otorgadas antes de la moratoria para evitar que se incorporen al mercado
de forma precipitada. El Ejecutivo debe llevar esta propuesta al Parlamento regional ya que implica modificar la Ley de Directrices.

Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas, comentó que la idea del sector es evitar que los promotores con licencias turísticas "no se vean obligados a edificar de forma precipitada para no perder los permisos". En su opinión, una prórroga será beneficiosa porque
permitirá que muchos de los proyectos se acometan de forma pausada.
Los empresarios entregaron esta semana al consejero de Economía
y Hacienda, José Carlos Mauricio, y al de Turismo, Manuel Fajardo,
un documento sobre el Acuerdo por la renovación de la oferta
turística de Gran Canaria, al que probablemente el Ejecutivo
dará luz verde en octubre puesto que la idea es que en los Presupuestos
de 2006 se contemplen partidas para la renovación del sector.
Eso sí, se ha fijado un plazo de cinco años para acometer este
cambio en el modelo de oferta alojativa extrahotelera y podrán
participar también los ayuntamientos y el Cabildo.

CAMBIO. Ante todo, los empresarios asumen que deben sustituir
las actuales estructuras empresariales basadas en comunidades
de propietarios y transformarlas en sociedades y para ello reclaman
al Ejecutivo ventajas fiscales para aquellos complejos que pongan
en el mercado más del 75% de todos los apartamentos y otras exenciones
para los que lleguen a colocar hasta el 90%. Ahora, muchos complejos
sólo ofertan el 51% de la oferta, y el resto son los propietarios
los que los comercializan por su cuenta.

Además, el sector reclama al Ejecutivo regional que erradique
primero la oferta ilegal y asuma de una vez que la unidad de
explotación ha sido "un fracaso". La patronal propone que esas
empresas no abonen el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
y puedan acogerse a incentivos regionales y a la Reserva para
Inversiones en Canarias (RIC).