Aprueban colocar la prisión provincial en La Isleta

El Consejo de Ministros aprueba la cárcel en La Isleta pese al rechazo de la capital

Miguel M. Guedes / Jesús Montesdeoca / Teresa García
La Provincia.es - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma y ampliación del penal militar de La Isleta para adaptarlo a uso penitenciario, a pesar de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha manifestado su oposición radical, tanto por boca de la alcaldesa, Pepa Luzardo, y de su gobierno, como por parte de los tres grupos de la oposición, PSC-PSOE, CC y mixto (Compromiso Las Palmas).

El gobierno local se apresuró a exigir a Madrid que "vaya retirando" la propuesta.

El primer teniente de alcalde y concejal de Planeamiento y Gestión Urbanística, Felipe Afonso El Jaber, insistió ayer en que el Ayuntamiento "no va a permitir" la cárcel en La Isleta "porque no queremos ese edificio y esa actividad en un espacio natural protegido". El dirigente municipal tachó de "falso" que el penal militar actual suponga una edificación preexistente, "porque lo que hay allí son unos calabozos grandes de la época de la descolonización del Sahara rodeados por una valla y lo que pretende Interior es hacer una obra civil".

Afonso, en todo caso, aseguró que está en condiciones de decir
que "la cárcel no se va a hacer" y que si va a haber diálogo
con Interior, como anunció ayer el ministro José Antonio Alonso
[ver página 3], "que la vaya retirando ya".

SORPRESA. El acuerdo del máximo órgano ejecutivo español causó
sorpresa en los medios políticos municipales, a excepción del
portavoz socialista, Arcadio Díaz Tejera, que restó importancia
al acuerdo tras asegurar que "lo que se ha aprobado es un plan
de centros penitenciarios". El edil del PSC-PSOE insistió en
que esa decisión se terminará revocando. Las representantes de
los otros dos grupos políticos, Alicia Gómez, por CC, y Nardy
Barrios, por el mixto, también coincidieron en su rechazo.

Díaz Tejera, que anunció el martes pasado que el ministro del
Interior, José Antonio Alonso, estaba dispuesto a reconsiderar
el asunto, se reiteró en esa tesis e incluso retó a "esperar
al martes, cuando me vuelva a reunir con él y con la directora
general de Instituciones Penitenciarias [Mercedes Gallizo] porque
no va a haber cárcel en La Isleta".
Alicia Gómez, de CC, considera que la decisión "no debe ser una
imposición y ha de negociarse con el Ayuntamiento y el Cabildo
de Gran Canaria"; y Nardy Barrios, por el grupo mixto, recordó
el valor ecológico de La Isleta y que "existen otros sitios en
la Isla más idóneos para albergar una prisión".
El rechazo alcanzó incluso a la Ejecutiva regional del PSC-PSOE,
que casualmente se reunía a la misma hora en que el Consejo de
Ministros aprobaba la prisión de La Isleta. El vicesecretario
general y portavoz parlamentario de los socialistas, Francisco
Hernández Spínola, dijo que su partido "no quiere una cárcel
ni de forma definitiva ni tampoco provisional" y anunció que
pedirá en Madrid que se modifique la partida presupuestaria prevista
para el penal en 2006 (33 millones de euros) y que se busque
definitivamente un lugar adecuado para la nueva cárcel.
Spínola denunció que el PP no resolvió este asunto en sus ocho
años de gobierno estatal mientras el PSOE demuestra que ha afrontado
el problema.