La normativa REACH podría evitar en la UE más de 50.000 casos de enfermedades respiratorias

La normativa REACH podría evitar en la UE más de 50.000 casos de enfermedades respiratorias, según un estudio

Unos 4.000 trabajadores mueren cada año en España como consecuencia del riesgo químico en sus lugares de trabajo, según datos de CCOO

La normativa europea de Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH) podría evitar en la Unión Europea más de 50.000 casos de enfermedades respiratorias anuales y otros 40.000 de enfermedades cutáneas ligadas al puesto de trabajo, lo que supondría un ahorro de 3.500 millones de euros en diez años, según se desprende de los datos de un Estudio de la Universidad de Sheffield (Reino Unido).
Según recoge 'Infoecología', y teniendo en cuenta que los beneficios de REACH serán más notorios a partir de la primera década de la implantación de la norma, es decir, a largo plazo, en un periodo de 30 años, el ahorro podría superar los 90.000 millones de euros.

En España, el ahorro por la aplicación de esta norma podría rondar los 300 millones de euros en diez años y superar los 8.000 millones en los próximos treinta años. Gracias a REACH se evitarían anualmente más de 7.600 casos nuevos de enfermedades ocupacionales respiratorias (3.400 casos de asma y 850 de enfermedad pulmonar crónica) y 3.400 casos de dermatitis. Más de 4.000 trabajadores mueren cada año en España como consecuencia del riesgo químico, según datos de CCOO.
Precisamente, han sido los costes sanitarios, la pérdida de productividad y la degradación de la calidad de vida son los parámetros que han tenido en cuenta los investigadores de Reino Unido a la hora de analizar el ahorro que tendría la implantación de REACH en relación a la dermatitis y a las enfermedades respiratorias de origen laboral.

UN REACH 'MÁS AMBICIOSO'
El estudio concluye que "no hay dudas" de que la exposición a sustancias químicas es responsable de un gran número de enfermedades asociadas al puesto de trabajo cuyo coste, tanto para la sociedad, la empresa y el propio trabajador, excede con creces las estimaciones iniciales. Para la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que ha promovido la investigación, los datos demuestran que "un REACH más ambicioso que la actual propuesta respecto a requisitos de información o a la promoción de la sustitución optimizaría el ratio inversión/beneficio para la salud".
Las cifras que aporta la investigación están en consonancia con otros estudios realizados en la Unión Europea que afirman que el coste de las enfermedades laborales equivale a entre el 3% y el 5% del PIB, algo que REACH podría evitar. La información sobre las propiedades básicas de las sustancias así como de la evaluación de sus riesgos serán elementos clave para reducir estos casos de enfermedad laboral.

El estudio de la Universidad de Sheffield fue presentado en España por el secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto y por el técnico del Instituto Sindical de Investigación, Educación, Salud y Seguridad, Toni Musu. A juicio de Nieto, la normativa REACH que ahora se discute en el Parlamento y el Consejo Europeo "es insuficiente".

En su opinión, la propuesta del Gobierno está escorada hacia los intereses económicos de la industria, subordinando la salud pública y la salud laboral a esos intereses. Los costes de un REACH exigente, dice, "son perfectamente asumibles por la industria, incluidas las pymes, y los beneficios para la sociedad, también los económicos, son inmensos".
En este sentido, pidió que se fortalezca REACH incorporando, entre otros aspectos, la garantía de una información básica para las sustancias intermedias o la exigencia del Informe de Seguridad Química para las 30.000 sustancias químicas que contempla REACH, con el objeto de garantizar las evaluaciones del riesgo ambiental y de salud.
Asimismo, cree necesario el establecimiento obligatorio de un sistema de garantía de calidad de los datos que suministra la industria y una aplicación más estricta del principio de sustitución, por ejemplo, exigiendo la presentación de un plan que estudie las posibilidades de sustitución a los productores de sustancias altamente peligrosas.

Fuente: parlamento europeo.