La futura cárcel irá en el medio rural y ocupará 30 hectáreas

El estado amenaza con acudir a la expropiación forzosa del suelo

Canarias7.es - J. Quesada
Las Palmas de Gran Canaria

El Estado ha decidido someter a información pública el avance del Plan Territorial Especial de instalaciones penitenciarias en Canarias, documento que deja claro que es imprescindible construir una nueva prisión en Gran Canaria y recuerda que puede acudir a la expropiación forzosa.
El Estado ha decidido someter a información pública el avance del Plan Territorial Especial de instalaciones penitenciarias en Canarias, documento que deja claro que es imprescindible construir una nueva prisión en Gran Canaria y recuerda que puede acudir a la expropiación forzosa.

Sin llegar a determinar en qué municipio se levantará la prisión Canarias III, Instituciones Penitenciarias sí establece las condiciones que debe reunir el suelo en el que se haga la futura cárcel de Gran Canaria en el avance del Plan Territorial Especial que desde este próximo lunes someterá a información pública durante un mes.

Las capacidades, dimensiones y características del centro penitenciario a construir, de unas mil celdas, obliga a que su emplazamiento se produzca en el medio rural, en suelo no urbanizable que debe reunir una serie de condiciones relativas a distancia a la capital, vías de comunicación y accesibilidad, superficie (25 a 30 hectáreas), topografía (sin grandes desniveles), acceso a suministros de electricidad, abastecimiento, vertido de aguas y teléfono, etcétera.

Instituciones Penitenciarias recuerda que las obras de construcción de nuevos centros o de ampliación de los ya existentes están declaradas de utilidad pública a los efectos previstos en la Ley de Expropiación Forzosa y que la conveniencia y oportunidad de instalar una cárcel en Canarias corresponde al Estado. También apunta que la implantación de actividades de interés general, como una prisión, no tiene por qué estar prevista en el Plan Insular o las Directrices de Ordenación, sino que obliga a adecuar las futuras revisiones del planeamiento territorial y urbanístico a esa actividad.

tarea «muy dificultosa»
Instituciones Penitenciarias admite que las condiciones para hacer la segunda cárcel de Gran Canaria, junto a la orografía insular y el obligado alejamiento de determinadas zonas y núcleos de población, han hecho «muy dificultoso» localizar terrenos idóneos que no resultaran, por otra parte, incompatibles con otras actividades agrícolas, industriales, turísticas o de otro tipo. La costa de Guía, las medianías de Telde y El Matorral, en San Bartolomé de Tirajana, son los últimos lugares barajados para ubicar esa prisión.

Razones de carácter económico y físico
n La política de construcción de centros penitenciarios en suelo no urbanizable se justifica en varias razones. La primera es «de carácter económico», ya que el terreno urbano es sustancialmente más caro que el no urbanizable, aunque también es cierto que las instalaciones deben estar bien comunicadas con los núcleos urbanos más relevantes del área territorial de influencia. La segunda es «de carácter físico», ya que la dimensión de las nuevas prisiones, más las rondas definidas por el sistema de seguridad, proyectados para una población de unas mil celdas, demandan una superficie de más de 30 hectáreas, es decir, 300.000 metros cuadrados, lo que hace prácticamente inviable su emplazamiento en suelo urbano, donde no existen locales libres con este tamaño y el uso urbanístico requerido. El Plan Territorial Especial que Instituciones Penitenciarias va a someter a información pública considera imprescinbible la construcción de dos nuevos establecimientos en el Archipiélago, uno de ellos en Gran Canaria y el otro en Fuerteventura, y la ampliación de otro, así como la creación de cuatro centros de inserción social, una unidad de custodia hospitalaria y una unidad de madres (a ubicar también en Gran Canaria).