Amnistía urbanística en ciernes
Canarias7 - Amnistía urbanística en ciernes
Será como una amnistía a la carta, ajustada a lo que logre «colar» cada municipio. El Gobierno de Canarias volverá a hacer la vista gorda con las construcciones ilegales, pero esta vez no se manchará directamente las manos, sino que echará por delante a los ayuntamientos.
Es el propio director general de Urbanismo del Gobierno de Canarias, Rafael Castellano, quien se muestra partidario de decretar una nueva anmistía urbanística en el Archipiélago a la sombra de las aprobaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana. «No aporto nada nuevo si digo que, ya no sólo es voluntad de los ayuntamientos, sino del propio Gobierno de Canarias, que todas aquellas edificaciones que sean amparables en el marco racional del planeamiento que ahora mismo se está tramitando, es plausible que se legalicen», reconoce. Dichos planes deberán estar aprobados antes del 31 de diciembre de 2006, momento en el que la Consejería de Ordenación Territorial afirma que obtendrá una «foto fija de lo que hay». Lo que aparezca después fuera de este ordenamiento «se tendrá que derribar».
Los ayuntamientos podrán dar entonces por buenas todas las viviendas fabricadas sin autorización, acción que no impedirá que, en el caso de que existan expedientes sancionadores abiertos, se les vaya a multar. «Una cosa son las sanciones, y otra que, desde el punto de vista del marco racional de la ordenación del territorio dentro del Plan General, buena parte de esas edificaciones se puedan resolver, ya estén en suelo urbano o en suelos rústicos vinculados a un asentamiento rural o agrícola», puntualiza el director.
Fuera de este ámbito, el Gobierno canario baraja dos opciones distintas. Si las viviendas están construidas dentro de espacios naturales o protegidos, servidumbre de costas o zonas de barranco, la única solución será el derribo. Pero si están en terrenos rústicos alejados de núcleos rurales, podrán tener el amparo de un régimen legal fuera de la ordenación, «con un régimen específico donde esas edificaciones no podrán ampliarse y sólo se permitirán tareas de conservación», explica Rafael Castellano. «Estaríamos en la postura de legalizar todas aquellas viviendas que racionalmente se puedan legalizar en asentamientos urbanos, y completar fuera de ordenación aquellas que estén fuera de espacios protegidos».
«Un punto y seguido»
Esta manga ancha no casa con la postura de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, órgano del Ejecutivo regional que, por ejemplo, no ve con buenos ojos los resultados de la amnistía de 1997. Su director, Pedro Gómez, reconoce que «no supuso un punto y final, sino un punto y seguido en el deterioro del territorio».
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