El picudo rojo ya es una plaga

Canarias7.es - 29/03/2006

El picudo rojo mata a las palmeras por dentro y una vez que las invade las condena a ser taladas y enterradas.

Jesús Quesada
Las Palmas de Gran Canaria

El alcance de la contaminación, la peligrosidad y los «efectos catastróficos» que pudieran crear los focos detectados en las islas de Gran Canaria y Fuerteventura hacen que desde ayer esté declarada la existencia de la plaga del picudo rojo en las palmeras de Canarias. Las medidas fitosanitarias para erradicar y controlar el insecto son tajantes y severas.
La lucha contra el curculiónido ferruginoso de las palmeras, más conocido como picudo rojo, ya es de utilidad pública en Canarias para intentar evitar que los focos iniciales localizados en varios municipios de Gran Canaria y Fuerteventura se extiendan al resto de esas islas y del Archipiélago. El objetivo es proteger a la especie phoenix canariense, símbolo y referencia paisajística de las Islas, de la condena a muerte que le caería encima si el insecto originario del Sudeste Asiático invade los palmerales naturales de la región.
Entre las medidas fitosanitarias de obligado cumplimiento que aparecen en la orden de la Consejería de Agricultura del Gobierno regional que declara la plaga está la destrucción de todas las palmeras afectadas por el picudo rojo y de aquellas otras que los técnicos consideren que constituyen un peligro de difusión, siguiendo para ello un severo protocolo de actuación que incluye la tala, el enterramiento de los restos y hasta la desinfección del camión de los operarios y de sus herramientas.

En las dos islas en las que se ha detectado el picudo rojo la orden prohibe los trasplantes de palmeras dentro de la zona de protección, de cinco kilómetros de radio alrededor de los focos, así como el uso de hojas de palmeras para aprovechamiento ganadero o de otro tipo (como la decoración de las calles durante las fiestas populares). También se fijan condiciones severas para realizar las podas y se prohiben los cepillados de los troncos.
Los productores públicos y privados y comerciantes, incluidos los importadores, quedan obligados a someter a sus palmáceas a controles de movimiento y tratamientos fitosanitarios y a facilitar a los inspectores el acceso a todas sus instalaciones y la toma de muestras.