La Junta de Andalucía propone más impuestos en agua, turismo y urbanismo

Ni el sistema sanitario ni el educativo podrán mantenerse en un futuro inmediato con unos niveles mínimos de calidad si no se produce un incremento de los recursos financieros en manos de las administraciones públicas, particularmente de las autonómicas, responsables directas del mantenimiento de aquéllos.

27/04/2006 Diario de Cadiz, Diario de Jerez, Diario de Sevilla, El Día de Córdoba, Europa Sur, Granada Hoy, Huelva Información, Málaga

Con esta conclusión irrefutable se sentaron a negociar el pasado 7 de marzo los responsables de economía del Gobierno de la nación y de las diecisiete comunidades del régimen común con el objetivo de analizar la situación y acordar que, a vuelta del verano, volverían a sentarse para estudiar las propuestas de cada cual para salir del pozo. El Gobierno de Manuel Chaves ha sido el primero en hacer los deberes y ha puesto sobre la mesa un "análisis inicial" y posibles soluciones.

La propuesta, expuesta en un informe de 18 páginas, coincide con las líneas avanzadas el pasado 5 de abril en el Parlamento por el consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, y sus bases son que el sistema de financiación de las comunidades siga pivotando sobre la población de cada territorio y un aumento de la autonomía financiera de las comunidades –basado en los porcentajes de cesión de IRPF, IVA e impuestos especiales fijados en el Estatut catalán y acordados previamente con el Ejecutivo andaluz– aunque introduce factores novedosos como la creación de figuras impositivas nuevas ligadas a un desarrollo sostenible.

"La propuesta andaluza consiste en crear espacios fiscales reservados al ejercicio de la innovación impositiva por las comunidades autónomas, buscando aquellas materias imponibles que más relación guardan con sus propias competencias", señala el documento elaborado por la Consejería de Economía y Hacienda que, a renglón seguido, concreta: "los impuestos ecológicos, sobre el agua, las actividades turísticas y la ordenación del territorio son posibles campos donde podría concretarse el espacio fiscal propio de las comunidades".

La Junta de Andalucía, fundamentalmente desde su pacto con Los Verdes, ha dado algunos pasos en relación a los impuestos ecológicos aunque ha encontrado siempre el rechazo frontal del empresariado, que ha visto siempre en estas iniciativas un freno al desarrollo de la comunidad. Así ocurre con los impuestos sobre emisiones contaminantes a la atmósfera y con el de almacenamiento de residuos radiactivos, este último dirigido en exclusiva al cementerio nuclear de El Cabril (en Hornachuelos, Córdoba) y que en la práctica actúa como elemento desincentivador.

Fuentes de la Consejería indicaron ayer que la propuesta no profundiza más allá de ese enunciado en la puesta en marcha de los nuevos impuestos ecológicos, cuya implantación en el sector del turismo fue ampliamente rechazada en la pasada legislatura (2000-2004) con ocasión del debate y aprobación de la Ley de Fiscalidad Ambiental debido, en gran medida, a la oposición del PA, socio entonces de Gobierno del PSOE, y a la amenaza del Gobierno central, en poder del PP, de recurrir iniciativas en ese sentido.

No en vano, la propuesta andaluza incluye ahora la necesidad de que estos nuevos impuestos tengan como garantía de eficacia "el compromiso expreso de la Administración central de no interponer recursos a las regulaciones autonómicas en estas materias, aunque no debería tampoco, en otros casos, limitarse excesivamente la iniciativa tributaria de las comunidades autónomas".

Otra de iniciativa de la Junta es "individualizar" el gasto en materia educativa de la misma forma que ya ocurre con la sanidad, las dos áreas más sensibles desde un punto de vista político-social y las que más presupuesto necesitan para su mantenimiento. En concreto, dado que el sistema educativo público se lleva, junto a la sanidad, la mayor parte del pastel del gasto público, el Ejecutivo autonómico quiere que el dinero que reciban las comunidades para el mantenimiento de la enseñanza sea proporcional a la población en edad escolar, aunque no especifica si entiende por ésta a la correspondiente a los menores de 16 años.

Para la sanidad hace un punto y aparte y pide una consideración especial para la atención pediátrica. "Se considera razonable mantener las variables de reparto asociadas a la población protegida, los especiales consumos que hacen las personas mayores e, incluso, la insularidad", indica el informe, "pero entendemos, también, que otros factores determinan muy directamente el gasto sanitario y deben tenerse en cuenta, como son la población menor de 4 años y el estado de salud de la población, que puede aproximarse a través de la mortalidad estandarizada por edad".