Un informe del Gobierno de Canarias apuesta por que no se derribe el caserío de Tufia
Canarias7, 20-7-2004
Gaumet Florido
El dictamen técnico forma parte del expediente de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico del arenal. Propone dejar el barrio como asentamiento rural.
Un informe técnico del Gobierno de Canarias, con fecha del 21 de mayo de 2004, avala la tesis de los vecinos de Tufia y apuesta por que no se derribe el caserío costero, como sostienen los ecologistas. El barrio fue levantado en la clandestinidad entre los años 40 y 50 del siglo XX en un lugar que hoy está protegido por albergar un sistema dunar fósil y por acoger a plantas endémicas consideradas en extinción. El dictamen pide conservar el pueblo como asentamiento rural, pero aún no hay una resolución definitiva.
El mantenimiento del poblado pende de un hilo después de que, hace unos meses, el Gobierno canario se decidió a tramitar el documento de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Tufia, dentro de cuyos límites, 54,1 hectáreas, se asientan las 104 casas del barrio.
En la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del pasado 23 de junio esas normas quedaron aprobadas inicialmente, pero tampoco se tomó una postura definitiva sobre el derribo o no del caserío y se prefirió esperar a que pase un nuevo plazo de información pública y de consulta ciudadana. En el documento de avance de esas normas, redactado por Auditorías Ambientales Canarias, se deja de hecho la puerta abierta a las dos alternativas, aunque la empresa se decanta por demoler.
Sin embargo, en el expediente aprobado en aquella sesión se incluía un informe técnico del Gobierno canario,al que ha tenido acceso este periódico, que no sólo recomendaba a la Cotmac que garantice la pervivencia del caserío, sino que rechaza que en el texto de las Normas de Conservación aprobadas se califique a Tufia como poblado ilegal.
El informe reconoce que el principal escollo de este expediente viene dado por «el uso residencial que se ha desarrollado en un núcleo de población», el de Tufia, «que se ha consolidado sin ordenación urbanística alguna», que está habitado y que «carece de la necesaria infraestructura de saneamiento, por lo que los vertidos se van al mar o al subsuelo».
El documento advierte de que, pese a esas evidencias, el Plan Insular de Ordenación Urbana, actualmente aprobado, exige a las Normas de Conservación, ahora en pleno proceso de tramitación, que analicen la compatibilidad del uso residencial de Tufia con la finalidad y objetivos del espacio protegido. Los técnicos del Gobierno canario han hecho ese análisis y han propuesto que el núcleo de Tufia permanezca como suelo rústico con categoría de asentamiento rural.
Tampoco ve adecuado que se dé al barrio el calificativo de ilegal por cuanto «la mayoría de las edificaciones tienen una antigüedad de al menos el año 1987», es decir, que fueron construidas antes de la declaración del lugar como espacio protegido.
El informe pedía la corrección de todos estos errores, pero, en principio, la Cotmac no tomó una postura definitiva. Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera y advierten de movilizaciones.
Gaumet Florido
El dictamen técnico forma parte del expediente de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico del arenal. Propone dejar el barrio como asentamiento rural.
Un informe técnico del Gobierno de Canarias, con fecha del 21 de mayo de 2004, avala la tesis de los vecinos de Tufia y apuesta por que no se derribe el caserío costero, como sostienen los ecologistas. El barrio fue levantado en la clandestinidad entre los años 40 y 50 del siglo XX en un lugar que hoy está protegido por albergar un sistema dunar fósil y por acoger a plantas endémicas consideradas en extinción. El dictamen pide conservar el pueblo como asentamiento rural, pero aún no hay una resolución definitiva.
El mantenimiento del poblado pende de un hilo después de que, hace unos meses, el Gobierno canario se decidió a tramitar el documento de las Normas de Conservación del Sitio de Interés Científico de Tufia, dentro de cuyos límites, 54,1 hectáreas, se asientan las 104 casas del barrio.
En la sesión de la Comisión de Ordenación del Territorio y del Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) del pasado 23 de junio esas normas quedaron aprobadas inicialmente, pero tampoco se tomó una postura definitiva sobre el derribo o no del caserío y se prefirió esperar a que pase un nuevo plazo de información pública y de consulta ciudadana. En el documento de avance de esas normas, redactado por Auditorías Ambientales Canarias, se deja de hecho la puerta abierta a las dos alternativas, aunque la empresa se decanta por demoler.
Sin embargo, en el expediente aprobado en aquella sesión se incluía un informe técnico del Gobierno canario,al que ha tenido acceso este periódico, que no sólo recomendaba a la Cotmac que garantice la pervivencia del caserío, sino que rechaza que en el texto de las Normas de Conservación aprobadas se califique a Tufia como poblado ilegal.
El informe reconoce que el principal escollo de este expediente viene dado por «el uso residencial que se ha desarrollado en un núcleo de población», el de Tufia, «que se ha consolidado sin ordenación urbanística alguna», que está habitado y que «carece de la necesaria infraestructura de saneamiento, por lo que los vertidos se van al mar o al subsuelo».
El documento advierte de que, pese a esas evidencias, el Plan Insular de Ordenación Urbana, actualmente aprobado, exige a las Normas de Conservación, ahora en pleno proceso de tramitación, que analicen la compatibilidad del uso residencial de Tufia con la finalidad y objetivos del espacio protegido. Los técnicos del Gobierno canario han hecho ese análisis y han propuesto que el núcleo de Tufia permanezca como suelo rústico con categoría de asentamiento rural.
Tampoco ve adecuado que se dé al barrio el calificativo de ilegal por cuanto «la mayoría de las edificaciones tienen una antigüedad de al menos el año 1987», es decir, que fueron construidas antes de la declaración del lugar como espacio protegido.
El informe pedía la corrección de todos estos errores, pero, en principio, la Cotmac no tomó una postura definitiva. Mientras tanto, los vecinos siguen a la espera y advierten de movilizaciones.
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