El Gobierno de Canarias cree que la mayoría de las 6.500 casas ilegales se podrán salvar

Diario de Avisos, 3-9-2004

El consejero regional de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Augusto Lorenzo, se mostró ayer contrario a la proposición de ley que promueve el Cabildo de El Hierro para regularizar las viviendas ilegales, aunque expresó su convencimiento de que la mayoría de las 6.500 edificaciones expedientadas en toda Canarias se podrán salvar del derribo con la revisión de los planes municipales.

Lorenzo reiteró que la modificación de los planes generales de ordenación - aprobados en primera instancia por los ayuntamientos pero que deben ser ratificados por el Gobierno canario- constituyen "la salida más adecuada" para estas construcciones sin licencia edificadas en suelo rústico. Estos planes se hallan en proceso de adaptación a las Directrices de Ordenación General y el Turismo y al Texto Refundido de las Leyes de Espacios Naturales Protegidos y de Ordenación del Territorio.

Lorenzo reiteró que la modificación de los planes generales de ordenación - aprobados en primera instancia por los ayuntamientos pero que deben ser ratificados por el Gobierno canario- constituyen "la salida más adecuada" para estas construcciones sin licencia edificadas en suelo rústico. El consejero abogó por que "una vez los planeamientos estén terminados, se cumpla la denominada Ley del Territorio", lo que acarreará el derribo de edificaciones que no han podido ser regularizadas y la aplicación de sanciones a sus propietarios.

En cuanto a la iniciativa legislativa promovida por el Cabildo de El Hierro - en la que se plantea legalizar las casas edificadas fuera de espacios naturales, cauces de barrancos y dominio público marítimo terrestre-, Lorenzo recordó que el Gobierno canario ya ha dejado patente su "claro" desacuerdo con esta propuesta en el preceptivo informe emitido al respecto. Los cabildos de Gran Canaria y Tenerife también se han pronunciado en contra de esta proposición de ley.

El consejero enfatizó, no obstante, que al margen de esta opinión del Ejecutivo regional, "el Parlamento de Canarias es soberano y debatirá lo que estime oportuno, por lo que el Gobierno, como no podría ser de otra manera, cumplirá con las leyes que el Parlamento apruebe", en caso de que la iniciativa legislativa del Cabildo herreño salga adelante. Mientras no se modifique la legislación vigente, subrayó el consejero, "·el Gobierno tiene que aplicarlas".

Por otra parte, el titular de Medio Ambiente y Ordenación Territorial desmintió que la cifra de viviendas expedientadas por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural sobrepase las 40.000, tal como ha divulgado en reiteradas ocasiones el PSOE, y aclaró que este dato se refiere en realidad a todos los expedientes abiertos por actos contra la legislación urbanística y medio ambiental, como vertidos, construcciones de muros en fincas agrícolas o quema ilegal de rastrojos. De esa cantidad, alrededor de 6.500 actuaciones de la Agencia se refieren a infracciones urbanísticas relacionadas con viviendas, según precisó Lorenzo. En cuanto a las sanciones impuestas a los propietarios de estas edificaciones, el consejero manifestó que las multas "son proporcionales" a la infracción cometida y están por tanto en relación con el valor de la construcción levantada sin los pertinentes permisos.

La proposición de ley del Cabildo de El Hierro fue admitida a trámite por la Mesa del Parlamento en marzo de este año y su toma en consideración por el pleno aplazada en mayo a petición de Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) para que antes sea tratada en la Comisión de Cabildos, de la que forman parte los presidentes de estas corporaciones insulares. La institución que preside Tomas Padrón aprobó por unanimidad promover esta iniciativa a instancias del PSOE, uno de cuyos consejeros, José Francisco Armas, se ha erigido en los últimos años en principal defensor de promulgar una medida legislativa para regularizar estas edificaciones.

En 1997 el Gobierno canario decretó una amnistía que benefició a cerca de 30.000 viviendas, durante la época en que María Eugenia Márquez (del PP) estaba al frente de la Consejería de Ordenación Territorial y Medio Ambiente. Pero desde entonces la proliferación de casas ilegales no se ha detenido, como prueba la existencia de miles de nuevos casos detectados hasta la fecha. La puesta en marcha de la Agencia de Protección del Medio, un consorcio formado por el Gobierno, los cabildos y los ayuntamientos, ha supuesto un punto de inflexión en la lucha contra la indisciplina urbanística.