Greenpeace denuncia la relación entre la importación de madera y la violación de los derechos humanos
El Mundo, 25-2-2005
MADRID.- Tras el asesinato de la activista Dorothy Stang a manos de los madereros que operan ilegalmente en el Estado de Pará (Brasil), Greenpeace ha denunciado las implicaciones del mercado español de madera amazónica: la invasión ilegal de tierras que llevan a cabo madereros y ganaderos en un clima de intimidación y violencia.
Los datos oficiales, según la ONG, señalan que el 86,5% de la madera tropical amazónica importada por nuestro país procede del estado brasileño de Pará "por lo que es fácil deducir que el mercado español importa y consume madera procedente de las empresas implicadas en la ilegalidad, la invasión de tierras y la violación de los derechos humanos en esta zona", explica Greenpeace.
"Nuevamente, los datos señalan que esta industria juega un papel de cómplice con la destrucción forestal y los conflictos sociales en los países productores de madera", explica Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Al igual que en otras zonas de la Amazonía, los problemas ambientales en Pará están frecuentemente asociados a la injusticia social y la falta de cobertura legal. Pará es el estado brasileño con mayor índice de asesinatos relacionados con conflictos por la propiedad de la tierra, los cuales rara vez son investigados.
Las comunidades locales, que dependen de la selva para la caza, la pesca y la agricultura de subsistencia, son obligadas a abandonar sus tierras, frecuentemente bajo la amenaza de violencia. Según todos los datos, el reciente asesinato de la religiosa ecologista Dorothy Stang se produjo tras constantes amenazas para que abandonara su actividad de defensa de los derechos humanos y la integridad del bosque tropical en la región.
Pará es el mayor productor y exportador de productos forestales en la Amazonia brasileña y también es el área donde se produce un tercio de la deforestación total de la región. Según los ecologistas un análisis con datos de 2001 procedentes del Gobierno brasileño muestra que el 66% de toda la madera producida en Pará fue ilegal, procedente tanto de la deforestación ilegal como de áreas protegidas.
MADRID.- Tras el asesinato de la activista Dorothy Stang a manos de los madereros que operan ilegalmente en el Estado de Pará (Brasil), Greenpeace ha denunciado las implicaciones del mercado español de madera amazónica: la invasión ilegal de tierras que llevan a cabo madereros y ganaderos en un clima de intimidación y violencia.
Los datos oficiales, según la ONG, señalan que el 86,5% de la madera tropical amazónica importada por nuestro país procede del estado brasileño de Pará "por lo que es fácil deducir que el mercado español importa y consume madera procedente de las empresas implicadas en la ilegalidad, la invasión de tierras y la violación de los derechos humanos en esta zona", explica Greenpeace.
"Nuevamente, los datos señalan que esta industria juega un papel de cómplice con la destrucción forestal y los conflictos sociales en los países productores de madera", explica Miguel Ángel Soto, responsable de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
Al igual que en otras zonas de la Amazonía, los problemas ambientales en Pará están frecuentemente asociados a la injusticia social y la falta de cobertura legal. Pará es el estado brasileño con mayor índice de asesinatos relacionados con conflictos por la propiedad de la tierra, los cuales rara vez son investigados.
Las comunidades locales, que dependen de la selva para la caza, la pesca y la agricultura de subsistencia, son obligadas a abandonar sus tierras, frecuentemente bajo la amenaza de violencia. Según todos los datos, el reciente asesinato de la religiosa ecologista Dorothy Stang se produjo tras constantes amenazas para que abandonara su actividad de defensa de los derechos humanos y la integridad del bosque tropical en la región.
Pará es el mayor productor y exportador de productos forestales en la Amazonia brasileña y también es el área donde se produce un tercio de la deforestación total de la región. Según los ecologistas un análisis con datos de 2001 procedentes del Gobierno brasileño muestra que el 66% de toda la madera producida en Pará fue ilegal, procedente tanto de la deforestación ilegal como de áreas protegidas.
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