Domingo, 22 de mayo: Día Mundial de la Biodiversidad.

Artículo de opinión de Álvaro Monzón Santana

Día Mundial de la biodiversidad

En la Cumbre de la Tierra (Río, 1992) se aprobaron diversos documentos que han ido cambiado las leyes internacionales y la percepción que tenemos de determinados elementos vitales que nos rodean; por ejemplo, la biodiversidad. De aquellos documentos, el Convenio sobre Biodiversidad (Conservación de la diversidad biológica) busca la protección de la riqueza biológica del planeta, la conservación de las especies vivas; animales, plantas, microorganismos y los ecosistemas de la Tierra para el beneficio de las futuras generaciones. Primero se celebraba el día 29 de diciembre, y ahora, este año, se ha trasladado la fecha al 22 de mayo.

Es una buena oportunidad para reflexionar sobre lo que tenemos y lo que no tenemos. No tenemos aún, una Ley Canaria sobre Biodiversidad, no existen recursos, no hay voluntad política y lo que es peor, el disenso cuesta una pena contra la pared en la consejería.

Sabemos que Canarias posee unas 23.000 especies de las cuales, aproximadamente unas 15.000 especies son terrestres y unas 8.000 son especies marinas. El reino animal es el que cuenta con mayor cantidad de taxones, seguido de los hongos y el de las plantas. De todos ellos, destaca sobre manera el grupo de invertebrados, grupo más numeroso de la tierra y por supuesto de la biodiversidad canaria.

En Telde, poseemos algún ejemplo de estos pequeños animalitos que están en peligro de extinción, por ejemplo el escarabajo negro “bomboncillo” (Pimelia granuli collis), endémico de Canarias y registrado en los arenales de Tufia; o el saltamonte áptero (Acrostira tamarani) del Barranco del Draguillo.

En cuanto a las plantas teldenses, me gustaría destacar tres: la piña de mar (Atractylis preauxiana) y el chaparro (Convolvulus caput-medusae) ambos situados en Tufia; y el oro de risco (Anagyris latifolia) del Barranco de Los Cernícalos. Sería tedioso hacerles una relación más amplia de las riquezas naturales que poseemos en Telde. Sin embargo, hoy el debate a nivel nacional, o por lo menos la gran preocupación del movimiento ecologista, se centra principalmente en la gestión de los Parques Nacionales, espacios que conservan la biodiversidad más valiosa de nuestro país, y que en los últimos veinticinco años, se ha organizado y gestionado de tal manera, que posiblemente, sea la Red de parques nacionales un modelo a seguir.

Una sentencia del Tribunal Constitucional y el posterior informe que el Ministerio de Administraciones Públicas presenta en el Consejo de Ministros, recomienda al Ministerio de Medio Ambiente que ceda a las Comunidades Autónomas la competencia exclusiva en la gestión de parques nacionales.
Los ecologistas consideramos que esta cesión supondría una grave disminución de las actuales garantías de conservación que tiene la figura de Parque Nacional, ya que es precisamente la participación en la gestión de la administración central la que en muchos casos ha impedido que actuaciones altamente impactantes propuestas por las administraciones autonómicas y locales se hayan realizado.
La incertidumbre es muy alta, la inseguridad amenazante y la experiencia demuestra que los objetivos de algunas administraciones locales no priman la conservación frente a la especulación. A colación traigo un ejemplo sangrante: ocurrió en al año1988 cuando el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant-Maurici pasó a depender en exclusiva de la Generalitat de Cataluña, la cual aprovecho dos años después para modificar los límites de dicho Parque Nacional excluyendo unas 2.000 hectáreas de alto valor ecológico para la construcción de una estación de esquí y proyectos urbanísticos.

Con estos antecedentes, es difícil creer que una gestión de los Parques Nacionales en manos de las administraciones regionales y locales coadyuve a la conservación de la biodiversidad, que por otro lado, es patrimonio de todos los ciudadanos por igual con independencia de su situación geográfica, y por ello, su conservación debe estar salvaguardada de intereses políticos o particulares.